La reserva de la Biosfera de Mapimí y la establecida en la Sierra del Sarnoso, al igual que los habitantes de 12 comunidades rurales, están en riesgo de aprobarse la operación de la planta de cianuro de sodio en las inmediaciones del ejido El Siete, que proyecta generar 65 mil toneladas anuales.
Gustavo Lozano, abogado y representante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), refirió que la situación que se presenta ante la instalación de la planta de The Chemours Laguna es inédita porque en México no se produce el cianuro.
“Hay que decir que esto gira en un entorno multimillonario. La industria minera que es la principal consumidora de cianuro en el mundo, por lo menos de la Chemours, es el cuarto-quinto negocio más fuerte en México, hablamos de miles de millones de dólares".
[OBJECT]"Todo el cianuro que usa la industria minera en México hoy en día lo importa, lo cual supone un gasto fuerte porque es el principal insumo de la minería y probablemente el más caro”.
En entrevista para Notivox Laguna, estableció que REMA no sólo lucha en contra de la instalación de la planta en Gómez Palacio sino contra los daños que ocasiona la industria minera en su conjunto.
El tema obliga a plantear una posición ética política, social y empresarial, ante los riesgos medioambientales y de salud pública que se perciben en la instalación de la planta.
Además el cianuro se aplica en los procesos de producción de la minería a cielo abierto.
“La miles de toneladas (de cianuro) estarán concentradas en la planta (de Gómez Palacio) hasta que salgan y se distribuyan, lo cual supone un riesgo importante para la región".
“El que se instalen allí no tiene que ver sólo con la propiedad del terreno sino con el hecho de que haber un accidente, tal como lo señala la manifestación de impacto ambiental".
Asimismo aseveró que el Bolsón de Mapimí, como reserva de la biósfera, sería afectado por su inmediatez. Las razones por la lucha son entonces por la defensa del medio ambiente y por los pobladores.
“La Chemours no ha hablado con la verdad, no le ha dicho al gobierno los riesgos reales y desde luego ha vulnerado y violado nuestras leyes y eso sería suficiente para que una empresa no se instale en México".
En cuanto a las autoridades locales, representadas por Leticia Herrera como alcaldesa de Gómez Palacio y de José Rosas Aispuro como primer gobernador de extracción panista de Durango, Gustavo Lozano estableció que se debe establecer que tienen una posición complicada pues deben responder a la creación de empleos y aceptar la inversión privada en la región.
[OBJECT]Sin embargo esto no debe ser a costa de la salud y la seguridad de los bienes comunes naturales y de la legalidad del sistema mexicano.
“Sí a las inversiones, sí a los proyectos pero hay que ver qué proyectos y qué empresas. Ese es el problema, que hemos abierto las puertas a que cualquiera pueda venir haga lo que haga y luego se van dejando los riesgos y los pasivos ambientales".
Estableció que las entidades que corren riesgos inminentes ante el ejercicio de la minería en México son Sonora, que ha sufrido accidentes industriales catastróficos, así como Durango y Chihuahua y en el caso de Coahuila, en la región carbonífera donde se trabaja aún en pocitos o tajos.
rcm
