La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) indaga una investigación a pacientes con VIH y sida realizada por especialistas del hospital Universitario, quienes presuntamente tomaron muestras biológicas y datos personales sin autorización previa de la Secretaría de Salud e incurriendo en violaciones a normas oficiales mexicanas.
Representantes de las organizaciones civiles Acodemis, Vita Novus, Personas con Voz, Vida y Salud, y Colectivo de Hombres en Acción Comunitaria, denunciaron este acto ante el organismo estatal, e incluso el miércoles tuvieron una reunión con la titular de la CEDH, Sofía Velasco Becerra, quien mostró especial interés para estudiar el caso, aparentemente plagado de irregularidades.
Según lo expuesto por los activistas, pacientes con VIH que reciben atención médica en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) –ubicado en la colonia Industrial, en Monterrey– reportaron en septiembre que especialistas del hospital Universitario estaban aplicando pruebas de tuberculosis y tomando muestras de sangre.
Al respecto, la Secretaría de Salud, vía Transparencia, detalló que en coordinación con el hospital de la UANL, en el Capasits se realizaba una investigación titulada Prevalencia de tuberculosis latente en pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, a cargo del médico Luis Adrián Rendón Pérez.
El protocolo y el consentimiento informado fueron sometidos el 23 de agosto a consideración de los comités de Ética del hospital Universitario y del hospital Metropolitano. El primero de ellos dio su aprobación el 29 de agosto; mientras que el segundo la emitió el 9 de octubre.
Sin embargo, se tiene conocimiento que desde el 5 de septiembre, el personal del nosocomio de la UANL ingresó al Capasits a realizar las pruebas a los pacientes, aún sin haber culminado el proceso de autorización.
Por otra parte, las asociaciones civiles detectaron que el proyecto no fue sometido a ningún Comité de Bioseguridad en Investigación en Salud, a fin de establecer los métodos, técnicas, aparatos e instalaciones a utilizar.
Ello implicaría una violación a la Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002 sobre el tratamiento de residuos peligrosos biológico-infecciosos.
Asimismo, se denunciaron anomalías en el formato de consentimiento informado, que además no fue entregado a varios de los participantes de la investigación.
En la sección “¿Cómo se protegerá la confidencialidad de sus datos personales y la información de su expediente clínico?”, se menciona que los registros no contendrán datos personales del paciente, tales como nombre completo y domicilio.
No obstante, el documento también señala que tras la investigación, las autoridades de la Secretaría de Salud y el Comité de Ética del hospital podrán tener acceso al expediente clínico del participante y a su información personal. Incluso señala que los datos obtenidos podrán ser utilizados en investigaciones posteriores.
“En caso necesario, estas auditorías o inspecciones podrán hacer fotocopias de parte o de todo su expediente clínico”, cita el archivo.
“La información recabada durante este estudio será recopilada en bases de datos del investigador, los cuales podrán ser usados en otros estudios en el futuro”.
Esto representaría violaciones a los derechos humanos de personas con VIH y sida, y a la Norma Oficial Mexicana NOM 010-SSA2-2010, que refiere que no deben informarse resultados de diagnósticos sobre VIH en listados públicos, pues se vulnera la confidencialidad.
A su vez, el aparato 24 de la Declaración de Helsinki advierte que “deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal”.
Otra de las irregularidades es que en el formato de consentimiento se advierte que si el paciente obtiene resultado positivo a la prueba de tuberculosis latente, será referido a la Clínica de TB del hospital Universitario, pero los gastos del tratamiento deberán ser cubiertos por él mismo.
Esta medida contraviene la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-1993 para la Prevención y Control de la Tuberculosis en la Atención Primaria a la Salud, así como al Programa de Acción: Tuberculosis de la Secretaría de Salud, que busca garantizar la detección oportuna de la enfermedad y el tratamiento sin costo para el paciente.
Los activistas también cuestionaron que aunque la investigación es en torno a pacientes con diagnóstico de sida, también fueron involucradas personas que únicamente son portadoras de VIH.
Por esta serie de inconsistencias y a petición de las organizaciones, el secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida en Nuevo León (Coesida), Luis Antonio Sánchez López, solicitó el 16 de octubre suspender el proyecto y desechar las muestras biológicas.
A la par, la subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades, Consuelo Treviño Garza, se comprometió a indagar el caso, al señalar que existen “áreas de oportunidad”.
Las asociaciones civiles exigieron la destrucción de todo el material recaudado durante el desarrollo del trabajo, además de sancionar a los responsables.
“Lo que sí pedimos son sanciones hacia el investigador principal, queremos saber de dónde vienen los recursos, porque fue una falta de ética”, manifestó Abel Quiroga, titular de Acodemis.
Actualmente se desconoce el uso que los médicos involucrados en el trabajo de investigación han dado a la información recabada.
Claves
A detalle
• Activistas denunciaron ante la CEDH a especialistas del HU por presuntamente tomar muestras biológicas y datos personales sin autorización.
• El proyecto en cuestión no fue sometido a ningún Comité de Bioseguridad, para establecer los métodos o técnicas a utilizar.
• La investigación a cargo del médico Luis Adrián Rendón Perez, se indicó, contemplaba tener 300 participantes.
