Ya no se darán chanclazos o cinturonazos, tampoco se les insultará a los niños, niñas y adolescentes de Coahuila, pues la diputada Martha Garay Cadena propuso al pleno del Congreso que se prohíba el castigo corporal con fines disciplinarios.
En su exposición de motivos la legisladora considera necesario un cambio social con respecto al concepto social que se tiene sobre los derechos de los niños y las niñas para dejar de verlos como "propiedades" en lugar de reconocerlos como personas con los mismos derechos que los adultos.
Refirió que pese a que en México hay avances en el reconocimiento de los derechos de la población infantil hay una gran tolerancia a los castigos corporales que reciben niños, niñas y adolescentes.
Convirtiendo a México en un país "que en el discurso político y jurídico reconoce los derechos de niños y niñas, pero que acepta la violencia física contra ellos" justificando esa conducta para la corrección de la conducta.
"Es una forma errónea de considerar que a través[OBJECT] de golpes se podrá corregir la conducta de desobediencia o el comportamiento calificado como malo. Por el contrario, esta forma de violencia ejercida en casa provoca que niñas, niños y adolescentes se sientan culpables e incluso lleguen a considerar que merecen ser maltratados", expresó,
Asimismo subrayó que al someter a los menores a esta tipo de "correctivos" los llevará a repetir la conducta con otras personas o en su vida adulta con sus hijos generando un círculo de violencia que no tiene fin.
Expuso que con esta iniciativa lo que se pretende es erradicar la práctica permisiva del maltrato infantil y no el penalizar la conducta de los padres en el ámbito familiar, aseguró que la educación no debe estar basada en el uso de la violencia aun así sea mínima.
De ser aprobada esta iniciativa cualquier persona que tenga trato con niñas, niños y adolescentes deberá abstenerse de ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, especialmente el castigo corporal.
Asimismo el Gobierno del Estado tendrá la obligación de elaborar programas para prevenir, detectar, y atender la violencia familiar, escolar y comunitaria e instrumentar mecanismos, acciones legales y campañas de información necesarias para prevenir el castigo corporal con fines disciplinarios.
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