Al buscar tener más tiempo para analizar e investigar las recomendaciones de la Auditoría Superior del Estado, la bancada local del PAN solicitó modificar la Ley de Fiscalización para ampliar de 15 a 30 días hábiles.
La diputada local del PAN, Rebeca Clouthier, fue la encargada de presentar la iniciativa de reforma en la que solicita que se modifique el artículo 48 de la citada ley, la cual establece actualmente un plazo de 15 días para que el Congreso del Estado autorice o niegue el permiso a la Auditoría Superior del Estado para que interponga denuncias penales por las irregularidades que detecte en las cuentas públicas que entregue al Legislativo.
“Lo que estoy proponiendo es que los días cuenten a partir de que se recibe en la comisión dictaminadora, y en lugar de ser 15 días sean 30, para tener el tiempo suficiente para dictaminar y recibir a la gente que quiere acudir con sus argumentos y no cometer injusticias”, explicó en entrevista Clouthier Carrillo.
La legisladora albiazul explicó que existen varias lagunas, como ésta, en la Ley de Fiscalización que deben ser corregidas y que será un trabajo más adelante, como el de darle la autonomía a la ASE para que interponga las denuncias sin pedirle permiso a los diputados locales.
“Hay muchas necesidades de modificación, hay una iniciativa de Red Anticorrupción en donde nos piden precisamente que le demos dientes a la Auditoría para que se puedan aplicar las responsabilidades, y que no tenga que ser el pleno quien determine las denuncias penales sino el auditor”.
Van por regulación a Casas de Empeño
Con el propósito de proteger al ciudadano de posibles abusos y acciones de usura por parte de las casas de empeño, el Congreso del Estado analizará la necesidad de establecer un marco jurídico que regule, vigile y norme la operación de estos negocios en Nuevo León.
Fue el diputado local del PRI, César Serna, quien presentó la iniciativa de Ley que incluye el establecimiento de multas económicas, suspensiones temporales y la cancelación definitiva de los permisos, que se renovarían cada año, como sanciones que tendrán que enfrentar los negocios que incumplan con la normativa presentada en la iniciativa por el diputado priista.
