La Secretaría de la Función Pública (SFP), en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Procuraduría General de la República (PGR), realiza acciones de blindaje electoral en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz para vigilar que los programas sociales no se utilicen con fines políticos.
Dichas dependencias firmaron desde febrero del año pasado un convenio que tiene por objeto establecer y coordinar las acciones para desarrollar estrategias de apoyo en materia de capacitación, difusión y divulgación, para fomentar la participación ciudadana, estimular la cultura de la denuncia y prevenir los delitos electorales en este año.
Además signó un anexo, en el que la SFP se comprometió a “fortalecer y difundir la figura de la Contraloría Social” con los servidores públicos en los Órganos de Control de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.
En ese sentido, la secretaría informó las acciones de la Contraloría Social en materia de blindaje electoral.
También manifestó que involucrará la participación de la Contraloría Social en la supervisión y vigilancia de los recursos públicos empleados en la ejecución de los programas federales.
Otra medida contempla impulsar que la Contraloría Social funja como testigo en los actos de resguardo y verificación de inmuebles y vehículos, y como el medio para captar quejas, denuncias e irregularidades de las y los beneficiarios, a fin de canalizarlas con las autoridades competentes.
También para dar seguimiento a las acciones de promoción y operación de la Contraloría Social realizadas en de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.
La Secretaría de la Función Pública promueve la participación activa de las contralorías sociales y fortalece y difunde su figura con servidores públicos a través de los Órganos Estatales de Control y capta quejas, denuncias e irregularidades, que atiende o, en su caso, canaliza las autoridades competentes.
