Uno de los candidatos preferidos para ocupar la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha sido cuestionado por el ente que pretende dirigir.
Como asesor en el municipio de Apodaca, Raúl Ramírez Castañeda se encontraba contratado bajo un convenio considerado irregular por la ASE, debido a que, de acuerdo a los montos por los que fue contratado, debió realizarse una licitación pública y no una adjudicación directa.
El contrato de Ramírez Castañeda, durante la administración de Raymundo Flores Elizondo, tenía vigencia del mes de octubre de 2012 hasta el mes de octubre de 2015, y contemplaba pagos mensuales por 116 mil pesos, según el informe definitivo de resultados de la cuenta pública municipal.
"Observándose que la contratación del prestador de servicios se efectuó por adjudicación directa, y de acuerdo con el monto a erogarse mediante igualas mensuales de 116 mil pesos durante el periodo de vigencia del convenio de colaboración y asistencia en materia administrativa (...), se debió efectuar para su asignación el procedimiento de licitación pública, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 fracción IV del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y la Contratación de Servicios para el Municipio de Apodaca, Nuevo León", señala el documento oficial.
En particular, la ASE cuestiona una serie de pagos en 2012: las facturas 207, 208, 209 y 210 en las que se recibieron cantidades por 58 mil pesos, para dar un total de 232 mil pesos, fueron entregadas por servicios profesionales de asesoría técnica y jurídica en materia de contribuciones municipales; estrategias, programas y planes enfocados a la eficiencia y fortalecimiento de la hacienda pública, entre otros temas.
Si bien el municipio de Apodaca contestó la observación de la Auditoría y además dio por terminado el contrato de Raúl Ramírez Castañeda, esto no fue considerado como suficiente para ser solventada y el faltante financiero persistió.
Además, en 2013 se volvió a hacer un contrato con el asesor, a cuyo monto del trabajo le hicieron una "rebaja", y en lugar de pagos de 58 mil pesos, quedaron en 50 mil; con ello, el monto total ya cumplía con los requisitos legales para ser adjudicada de manera directa, por lo que continuó con la prestación de servicios sin problemas.
