Los juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la capital del país, admitieron las acciones jurídicas promovidas por 57 ciudadanos ante el aumento "injustificado" del costo de los combustibles que determinó la federación.
Manuel Granados, consejero jurídico y de Servicios Legales, dijo que en todos esos casos sus promoventes han sido acompañados por personal de la dependencia a su cargo.
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Explicó que faltan por admitirse más de 2 mil demandas y los ciudadanos pueden recibir orientación para interponer dicho recurso jurídico mediante el portal electrónico de la Consejería Jurídica.
Granados aseguró que la estrategia del Gobierno de la Ciudad de México contra el gasolinazo ha coadyuvado para que jueces federales admitan más de 2 mil 800 amparos por el alza a los precios de las gasolinas y el diésel.
“La ruta jurídica que inició el gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa va viento en popa y confiamos en que las determinaciones del Consejo de la Judicatura darán certeza legal a un asunto prioritario para el bolsillo de todas las familias mexicanas", manifestó.
Granados Covarrubias precisó que, a la fecha, en cada uno de los juzgados mencionados hay radicados mil 400 recursos legales que rechazan el incremento a los montos de los hidrocarburos.
Desde el 16 de enero, funcionarios del gobierno capitalino, al igual que catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), líderes de organizaciones sociales y cientos de ciudadanos, se ampraron contra el gasolinazo.
“Todos ellos hicieron suya la estrategia impulsada por el jefe de Gobierno desde la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la cual ha empezado a tener respuesta por parte de la Judicatura”, enfatizó.
“Confiamos en que, con elementos jurídicos sólidos que han sido abrazados por diversos ciudadanos, vamos a echar abajo el gasolinazo”, comentó el titular de la Cejur.
En el recurso del Gobierno de la Ciudad de México se reclama la violación a los principios de igualdad y legalidad, al establecer precios máximos distintos a los combustibles.
Además se impugna la constitucionalidad del artículo 27 de la Ley de los Órganos Coordinadores de Energía, por el que se establece que no se otorgará suspensión en el juicio de amparo tratándose de materia energética.
MSP
