La Reforma Educativa se implementó en México en 2013 como parte de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México por el presidente Enrique Peña Nieto, donde se promulgó la reforma a la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Ley General del Servicio Profesional Docente.
El INEE se volvió un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio; se promovió la creación del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, Del Sistema de Información y Gestión Escolar, de las escuelas de tiempo completo, y se planteó la Autonomía de Gestión Escolar para que los espacios académicos tomaran decisiones para su mejor funcionamiento.
“Deberá disponer de los recursos públicos y de los apoyos administrativos que le permitan organizarse en torno a su quehacer. La escuela pública podrá fortalecer su compromiso con los aprendizajes de los alumnos y desempeñarse como promotora de cambio y de transformación social”, señala el Resumen Ejecutivo del Gobierno de la República sobre el tema.
Adicionalmente se estableció que el ingreso al servicio docente, la promoción a funciones directivas o de supervisión, el reconocimiento y la permanencia dependerían directamente de un concursos de oposición; siendo éste uno de los tópicos que mayor preocupación causó entre el magisterio mexicano.
“La presente Ley es reglamentaria de la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rige el Servicio Profesional Docente y establece los criterios, los términos y condiciones para el Ingreso, Promoción, Reconocimiento y la Permanencia en el Servicio”, se establece en el marco normativo de dicha reforma.
Inconformes se manifiestan
El mismo año en que se dio a conocer esta medida, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) organizó marchas y plantones en la Ciudad de México para protestar en contra de su aprobación, dadas las implicaciones laborales que contrae.
En el “Análisis y Perspectivas de la Reforma Educativa, Memorias y Resolutivos, julio 2013”, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, denunciaron que la propuesta carecía de legitimidad dado que no se llevó a cabo una consulta entre la ciudadanía o el magisterio nacional y referían que atenta contra los derechos de la población a la educación pública, gratuita y laica.
Señalaron como parte de sus inconformidades que se trata de una reforma laboral, administrativa y empresarial, dado que no guarda un contenido pedagógico, transgrede los derechos de los docentes y abre la puerta para que, en nombre de la autonomía, se legalicen de facto las cuotas y la entrada de sectores privados.
Aunado a lo anterior se criticó que se le adjudicaba a los maestros la responsabilidad absoluta de la baja calidad educativa, validando dicho discurso por medio de una evaluación que no crea de antemano las herramientas para el desarrollo de sus propio magisterio.
“El Estado, dice la reforma, garantizará la calidad educativa, pero no genera las condiciones para atender las necesidades de los alumnos y las condiciones de enseñanza” se asienta en el documento “Análisis y Perspectivas de la reforma educativa Memorias y resolutivos, julio 2013”, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Para concluir, describen que estas acciones tienen carácter de excluyentes y discriminatorias dado que al instar por una evaluación homogénea para todos, no se toma en cuenta la diversidad étnica, cultural, social o económica del país ni de la propia complejidad de los procesos de aprendizaje. Por ello el CNTE demandó que el gobierno fuese el que propiciara las condiciones económicas y materiales para el desarrollo en las aulas, “así como resarcir las precarias condiciones de infraestructura, mobiliario, tecnología, espacios deportivos y técnico-cientícos; así como garantizar que la cobertura educativa sea del 100 por ciento”.
“Hasta que no existan los 18 millones de niños en pobreza multidimensional, ni los 8 millones de jóvenes a los que se les ha niega la oportunidad de estudio en México, exigimos una verdadera y amplia consulta de cara a la nación”, señalaron los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el “Análisis y Perspectivas de la reforma educativa, Memorias y resolutivos, julio 2013”.
“No habla de educación”
Actualmente, el profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM, Erik Toledo, comentó en entrevista que el discurso oficial sostuvo en aquel entonces que promovería una mejora sustancial en los procesos educativos, “y se aprovecharon las estructuras a existentes para estandarizar los criterios y crear una reforma que tenía como propositivo controlar al recurso docente, ya que, objetivamente, lo que se plantea no aporta a la formación ni a la preparación previa de los evaluados”.
Por ello, puntualizó que se trata de una reforma administrativa, dado que no se estipulan cambios en los contenidos pedagógicos ni en los planes de estudios o modelo curricular, es decir, no se refleja un diagnóstico completo de la realidad a la que se enfrenta el sistema educativo actualmente.
“No se observa un proyecto de desarrollo nacional con una filosofía educativa, no se habla de perfiles de ingreso o egreso, de métodos pedagógicos, de planes de estudios, programas académicos, etcétera”.
Con estas obligaciones dictadas a nivel nacional, dijo, se responsabilizó del fracaso educativo al docente por lo que se volvió una medida punitiva, “en el sentido de que los principales afectados son ellos, porque no existen mecanismo que les permitan prepararse, primero se les tendría que dar las condiciones y oportunidades necesarias”.
Refirió que, aunque no se ha manejado de manera acertada las evaluaciones son necesarias pero desde un enfoque integral, dado que la docencia no se limita a lo que saben las personas que se encuentran frente a un grupo.
“Va mas allá de la simple transmisión del conocimiento, se requieren otras aptitudes que favorecen la comunicación con el estudiante, hay que tener en cuenta que no puede evaluarse de la misma manera a quien ejerce en un espacio rural o urbano, a quien trabaja en una telesecundaria, matutina o vespertina; aparentemente pensamos que con la estandarización se es equitativo, pero no es así, la justicia significa darle a cada quien lo que necesita, según su contexto y características”.
Debido a lo anterior, lamentó que uno de los grandes errores fue centrar en el docente la responsabilidad de las fallas educativas, lo cual se convirtió en el principal factor que enemistó a la sociedad y magisterio con el gobierno.
Aseveró que la Reforma Educativa no ha tenido mayores logros desde que se implementó, “no podemos decir que hay mejor educación, seguimos con niveles bajos en comprensión lectora, matemáticas, ciencias y humanidades; aún hay muchos jóvenes y niños sin acceso al nivel básico y medio superior, mientras que otros que sí ingresan lo hacen en condiciones muy precarias”.
Por lo anterior, señaló que de cancelarse la Reforma Educativa no habría ningún impacto negativo y se generaría un precedente para transitar hacia un cambio, el cual aseguró, requiere de nuevos contenidos, fortalecimiento de infraestructura, dotar de herramientas tecnológicas, actualizar los modelos de enseñanza-aprendizaje, así como establecer un esquema que vea a la educación como un derecho y no como un privilegio.
“Habrá que pensar en otra organización, una que responda a la situación en México y atienda los cambios y particularidades que se observan en las nuevas generaciones, no podemos enseñarles de la manera en que lo hicieron con nosotros o con nuestros abuelos, debemos dejar atrás las prácticas que vienen desde el siglo XIX”.
Para concluir, aseveró que se deben acreditar exámenes que realmente garanticen al recurso humano, ser buenos docentes frente al aula, “existe un consenso generalizado de que del éxito de la educación depende el futuro de una nación, por ello no podemos seguir viendo al maestro como el único responsable de esta tarea, al tiempo en que se deben mejorar sus condiciones laborales”.
Datos oficiales
De acuerdo a información obtenida en el documento “Evaluación docente en México: planteamiento, resultados y propuestas de mejora” publicado por el Instituto Nacional para la Evaluación a la Educación; hasta 2017 se contaba con cerca de 1.1 millones de docentes en alguno de los cuatro procesos de evaluación con 160 mil profesores en espera de examen para permanencia, la meta que se tenía para dicho año fueron 400 mil evaluaciones de desempeño y 42 mil 500 en la evaluación diagnóstica.
Se registró también un incremento de asistentes, dado que en 2016 hubo un promedio de 88 por ciento en los diversos procesos, mientras que en 2017 subió a 95 por ciento.
Entre 2015 y 2016 mejoraron los resultados en todas las evaluaciones: los estados donde se alcanzó un puntaje más alto fueron Querétaro, Colima, Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco e Hidalgo.
Donde se identificó un mayor rezago fue en Tabasco, Chiapas, Guerrero, Campeche, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa.
En promedio, 76 por ciento de los participantes de los concursos son maestros de secundaria, primaria y preescolar; 7 por ciento son de educación especial, telesecundaria y educación física; 1 por ciento de preescolar, primaria indígena y educación para adultos.
En 2014 fue autorizado el Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo en beneficio de 20 mil escuelas, al cual se le autorizó un presupuesto de 7 mil 600 millones de pesos, equivalentes a dos por ciento del gasto federal en educación básica, con la finalidad de dotar de finanzas propias para atender sus carencias físicas y desarrollar y fortalecer la autonomía de gestión escolar.
SCFG
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