Del 2016 al 2019, ocho pedreras ampliaron sus establecimientos, pese a que no habían concluido su proceso de regularización ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del Estado y a que están ubicadas en áreas naturales protegidas, donde no está permitido este giro.
Así lo informó Antonio Hernández, biólogo y activista, tras realizar una comparativa con fotos satelitales de los predios en los que están dichas industrias.
Hernández explicó que las ampliaciones se realizaron al mismo tiempo que el estado emitió tres normas ambientales de emergencia e inició un proceso de regularización de esta industria, de octubre del 2016 a la fecha.
Para haber extendido sus bancos de material, las pedreras necesitaban un permiso expedido por la secretaría, de acuerdo con el artículo 125 fracción I de la Ley Ambiental del Estado, por lo que Hernández cuestionó la existencia de estos permisos y en qué términos se les otorgó.
“Si las pedreras, en esos tres años y todavía ahorita, se encuentran en un proceso de regularización, con qué autorización ampliaron sus espacios para los aprovechamientos, si todavía no tienen el permiso.
“Para la ampliación de los bancos de material se necesita una autorización de la Secretaría de Desarrollo Sustentable”, apuntó.
Hernández detalló que la pedrera Triturados San Jerónimo SA de CV, ubicada en el área natural protegida “Sierra Las Mitras”, aumentó su extensión 24 mil 274 metros cuadrados entre 2016 y 2019.
La Unidad Trituradora de Allende SA, localizada en el área natural protegida “Sierra de la Silla”, desmontó 22 mil 035 metros cuadrados más entre los años 2017 y 2019.
En el área natural protegida Sierra El Fraile y San Miguel, en Escobedo, están ubicadas las pedreras Productos de Caliza SA de CV, Calizas Trituradas Industriales SA, Grupo Emmont de México SA de CV, Triturados Industriales Monterrey SA y Triturados el Roble SA de CV, que en total suman 45 mil 252 metros cuadrados de ampliación desde el 2016 a la fecha.
En el numeral 5 de la Norma Ambiental Estatal NAE- SDS-001-2017, publicada el 20 de diciembre del 2017 en el Periódico Oficial del Estado, se prohíbe la instalación de nuevos bancos de aprovechamiento de pedreras en área natural protegida del estado.
Antonio Hernández aclaró que como la ley no es retroactiva y estas pedreras estaban antes de que se declararan estos sitios como áreas naturales protegidas, la prohibición solo aplica para ampliaciones, como es el caso que expuso ante Notivox Monterrey.
“La ley no es retroactiva, todas estas pedreras existen en un tiempo previo a la declaratoria de las áreas naturales protegidas, entonces no les aplica, pero sí aplica a nuevos bancos de materiales.
“En una interpretación de la ley, es decir: ‘No te vamos a sancionar por estar adentro de un área natural protegida en lo que está construido antes, pero en lo nuevo ya te aplica la prohibición, ya no puedes ampliar tu banco de material’”.
El activista pidió a la Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable y a la delegación en Nuevo León de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, informar sobre el estatus legal de estas industrias.
Nada previo
La autoridad poco podría hacer en contra de las empresas que ya están instaladas en áreas naturales protegidas, pues la ley no es retroactiva, pero la normativa presuntamente impide nuevos bancos de materiales, dijo el biólogo Antonio Hernández.
Las señaladas
Las empresas que ampliaron su área de operaciones son: Triturados San Jerónimo, Unidad Trituradora de Allende SA, Productos de Caliza, Calizas Trituradas Industriales, Grupo Emmont de México, Triturados Industriales Monterrey y Triturados El Roble.
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