Al no haber encontrado respuesta con el gobierno mexicano, un grupo de ambientalistas acudió ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), con sede en Canadá, para pedir su intervención por presuntos daños ecológicos ocasionados por fracking en Nuevo León.
La CCA es una organización intergubernamental conformada por Canadá, Estados Unidos y México, que se instauró en 1993 y tiene como misión vigilar el cumplimiento de las normas ambientales en los tres países.
De acuerdo con los artículos 14 y 15 del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, cualquier ciudadano que resida en estos países puede pedir la intervención de la CCA en caso de detectar omisiones en la legislación ambiental y haber agotado las instancias correspondientes de denuncia en su país.
En este sentido, miembros de la Alianza Mexicana contra el Fracking llevaron a la Comisión el caso de la Hacienda El Carrizo, en Los Ramones, Nuevo León, donde que Pemex instaló dos pozos de exploración para fracking, denominados Tangram-1 y Nerita-1, los cuales concluyeron sus actividades en el años 2013 y 2014, respectivamente.
“El peticionario asevera que el gobierno de México está omitiendo la aplicación efectiva de la legislación en lo concerniente a la restauración de sitio y abandono posteriores a las actividades de fracturación hidráulica llevadas a cabo en la comunidad de Hacienda El Carrizo.
“Sostienen, asimismo, que las actividades de ambos pozos produjeron sismicidad inducida por la fractura hidráulica, además de haberse generado impactos al agua, el medio ambiente y la agricultura en la comunidad”, señala el escrito del cual Notivox Monterrey tiene copia.
La Comisión admitió la queja el pasado 8 de mayo y emplazó al gobierno mexicano a que en los 30 días hábiles siguientes (es decir el 19 de junio de 2019) informe sobre los presuntos daños.
Responsabilidad
La CCA pidió informar sobre la reparación de los daños ocasionados por los pozos de exploración de Pemex en Los Ramones, así como las medidas de prevención que aplicaron.
Más tareas
Se debe revisar el control de las aguas residuales, la aplicación de las medidas de seguridad por parte de Semarnat y el fincamiento de responsabilidades para Pemex.
El plazo
La CCA admitió la queja el 8 de mayo y emplazó al gobierno a que en los 30 días hábiles siguientes (es decir el 19 de junio) informe sobre los presuntos daños.
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