La quinta regidora del ayuntamiento de Luvianos, Xóchitl Yarette Martínez Macedo denunció que ha sufrido de actos que podrían calificarse como “violencia política en razón de género”, ya que no se le ha realizado el pago de su salario correspondiente a febrero y marzo, además de negársele la participación durante las sesiones e incluso recibir amenazas.
Denuncia actos de violencia
Esta denuncia la realizó durante la conferencia de prensa que ofreció la dirigencia estatal del PRI, en la que señaló la serie de actos de los que ha sido víctima, prácticamente desde el inicio de la administración municipal, que encabeza Edder Jesús Jaimes Garduño, que fue postulado por el Partido del Trabajo (PT).
“En sesiones de cabildo me he sentido violentada, discriminada, pese a que tenemos derecho a participar durante 5 minutos, de acuerdo con el reglamento interno de cabildo, mi opinión no ha sido tomada en cuenta e incluso se me ha negado el uso de la voz y se me ha cuestionado mi formación política, mi capacidad”, indicó la regidora Xóchitl Yarette Martínez Macedo.
Ya se recurrió a la FGJEM
Explicó que este caso ya ha sido denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), además del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), por lo que el siguiente paso sería informarlo al Tribunal Electoral de la entidad (TEEM), ya que se hizo el pago correspondiente a enero en efectivo; pero sin los recibos de pago correspondientes, lo que también limita su acceso a servicios de salud que son su derecho, indicó.
“El presidente municipal me dijo que no me sería pagada a lo largo de toda la administración, por lo que me daba la opción de renunciar a la regiduría, a lo que me negué, a partir de ese momento he recibido toda clase de hostigamiento, amenazas e intimidación, incluso afuera de mi domicilio, afectando no solo a mi persona, sino a mi familia. Tengo temor de lo que me pudiera pasar, mi único objetivo es ser una representante digna para la gente”, sostuvo.
Denuncia
Fue el 25 de febrero de 2025 cuando se presentó la denuncia respectiva por el delito de “violencia política en razón de género” y la notificación se realizó el 28 de febrero, a través de la Unidad de Género de la Fiscalía Regional de Tejupilco.
En este proceso, sostuvo, también fue revictimizada e incluso “me han solicitado mi renuncia como regidora, bajo el pretexto de que en mi casa estaré más tranquila”.
Derivado de las amenazas recibidas, el 4 de marzo presentó ante la Secretaría de Seguridad una solicitud para contar con medidas precautorias de protección.
“Mi dignidad no está a la venta, yo solo estoy pidiendo lo que me pertenece por derecho”, sostuvo.
PNMO
