El gobernador electo, Miguel Barbosa Huerta, anunció que impulsará un decreto al asumir funciones con el objetivo de derogar la ley y reglamentos que permiten que los ex gobernadores y ex funcionarios del gobierno gocen de la protección de escoltas pagados por el erario, y sólo gozan del servicio de escoltas los funcionarios en funciones vinculados a las áreas de seguridad pública y el gobernador.
En entrevista durante su visita al municipio de Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán), dijo que existe el caso del ex gobernador Antonio Gali Fayad, quien goza de una amplia red de servicios de escoltas que son pagados por el gobierno del estado.
Esta propuesta ya la había hecho Barbosa Huerta durante su campaña pero ahora tras ganar las elecciones ha insistido en que derogará la ley mediante la cual se otorga el servicio de escoltas a funcionarios y ex mandatarios del estado.
Señaló que la ley de austeridad que impulsará impedirá que los servidores públicos gocen de servicios médicos privados, pagos de servicio de telefonía celular, o viáticos.
Señaló que esta será una de las principales funciones de la nueva Secretaría de Administración que se creará durante su gestión pues tendrá como uno de los principales objetivos vigilar que no se haga un gasto inadecuado o se aprueben gastos excesivos en la administración pública principalmente lo que se refiere al pago de bonos o prestaciones similares.
En este contexto señaló que el próximo miércoles podría dar a conocer a tres nuevos integrantes de lo que será su gabinete incluyendo el titular de la Consejería Jurídica y al de la Secretaría de Administración que será separada del área de Finanzas y también el responsable de las Finanzas podría ser dado a conocer ese día.
Enfatizó que si bien durante su administración se crearán nuevas secretarías estarán más acotadas que las actuales en lo que se refiere al número del personal del que disponen, y se investigarán posibles irregularidades que se han detectado hasta ahora.
Precisó que en el área de Puebla Comunicaciones se detectó que se encuentran en nómina 287 personas y dentro de ellas se encuentran algunas que en realidad trabajan para empresas privadas, que son propiedad de ex funcionarios que estuvieron al frente de esta área, por lo que se vigilará con mucho cuidado a las personas que se encuentran en la nómina del gobierno del estado.
ARP
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