A 12 años de ser titular del Instituto de Defensoría Pública, David Peña González está listo para entregar el cargo a quien designe en su lugar el gobernador electo Jaime Rodríguez Calderón.
El funcionario se inició en la administración que encabezó Natividad González Parás y continuó con quien lo sucedió, Rodrigo Medina de la Cruz.
En el proceso de transición se han dado a conocer los escenarios de esa importante dependencia que de Defensores de Oficio, pasó a ser Defensores Públicos.
Los resultados del Instituto Estatal de Defensoría Pública se han puesto a disposición de los que conforman el equipo de transición, encabezado por Manuel González Flores.
“A los defensores públicos que el Gobierno Estatal pone a disposición de la sociedad, tienen instrucciones precisas de obedecer con rigor los mandatos de la ley, porque es obligación cuidar no sólo el cumplimiento de las formalidades de la ley, sino también que a los acusados de la comisión de un delito penal se les respeten sus derechos fundamentales”, expresó Peña González durante una entrevista.
Al externar lo anterior, puntualizó que con este servicio se busca asistir a las personas que son imputadas por la autoridad investigadora, y preservar siempre la formalidad de que se cumplan con las garantías constitucionales.
Aseguró que la institución nunca recurrirá a aspectos que tergiversen el sentido de la aplicación de la ley, y no aprovechará alguna omisión dentro de la investigación o el proceso para dejar impune a quien haya incurrido en un ilícito.
Peña González enfatizó que los defensores públicos no darán un paso atrás y se mantendrán con esa directriz, y se mantendrá vigilante de que las personas que ofenden a la sociedad cumplan merecidamente las penas que la autoridad judicial determine.
“Pero también se debe evitar que haya abuso en imputaciones que no sean realmente probadas, que no se recurra a elementos temerarios en donde la fiscalía pueda presumiblemente atribuirle hechos delictuosos a una persona porque al final lo importante a destacar son las garantías constitucionales, los derechos fundamentales que tiene toda persona”, especificó.
