El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya tiene presidente, pero el veneno sigue ahí. La presidencia provisional que ocupará el magistrado Felipe Fuentes Barrera no purifica el ambiente para dos grupos, que tienen un mes para preparar a su mejor soldado y pelear por la corona que tendrá en sus manos la validez de la renovación de la Presidencia de la República en el 2024.
Tras más de seis horas de debate, desencuentros, acusaciones, arrepentimientos y promesas de reconciliación, la Sala Superior determinó alrededor de las 01:00 horas de ayer, que Felipe Fuentes Barrera sería el encargado de ocupar la silla de la presidencia del TEPJF sólo por un mes, mientras concluyen las impugnaciones del proceso electoral del 6 de junio en el país.
Pareciera que una presidencia que no lleva el nombre de José Luis Vargas o Reyes Rodríguez Mondragón podría mediar la disputa interna, pero no es así. La antesala a la batalla final por la presidencia que se encargará de validar la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, las consultas populares de los próximos tres años y sobre todo las elecciones presidenciales, la ganó el G5, conformado por los magistrados Janine Otálora, Indalfer Infante Gonzales, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña y José Luis Vargas Valdez.
La separación de Felipe Fuentes Barrera con el magistrado José Luis Vargas fue el último eslabón que detonó la ruptura interna en la Sala Superior hace unos meses, en medio de acusaciones de deslealtad y traición. Fuentes impulsó a Vargas para relevarlo y terminó sumándose al grupo que lo destituyó por sorpresa.
Una vez más, la noche del lunes, la mayoría se impuso. A puerta cerrada y en privado, el bloque minoritario cedió al que en ese momento parecía ya el menor de sus males.
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En un comunicado enviado por la madrugada, el TEPJF informó que acordaron “nombrar al magistrado Felipe Fuentes Barrera como presidente, por ministerio de ley, de la Sala Superior del TEPJF hasta el 1 de septiembre, con el fin de privilegiar la continuidad a los trabajos jurisdiccionales relacionados con las impugnaciones derivadas del proceso electoral 2020-2021.
“Para el 1 de septiembre emitir la convocatoria para designar una nueva titularidad en la Presidencia de la Sala Superior del TEPJF. Con estas decisiones, las magistradas y los magistrados electorales refrendan su compromiso institucional ante los mexicanos para fortalecer su sistema democrático”.
Las opciones a debate fueron impulsar una magistratura de consenso para que a partir de este martes tomara la presidencia hasta concluir el periodo el último día de octubre de 2024 o que la magistrada Janine Otálora, en su calidad de decana, se quedara en la presidencia por ministerio de ley mientras se resolvían las impugnaciones pendientes y después fueran al proceso de renovación de la presidencia.
El magistrado Vargas no estuvo de acuerdo con la postulación de Otálora ni llegaron a una magistratura de consenso pues la única carta del magistrado destituido de la presidencia era Mónica Soto, quien no fue respaldada por nadie más.
Finalmente, acordaron que la presidencia interina sería ocupada por el segundo decano que es el magistrado Fuentes Barrera, pues a pesar de tener diferencias con Vargas Valdez, frente a solo dos votos del grupo minoritario, no había más opciones que permitir que liderara la transición un integrante del llamado G5.
Por lo que Vargas tuvo que aceptar el nombramiento de uno de los principales promotores de su destitución y quien en la sesión pública del pasado miércoles, recordó que el magistrado que en ese momento los dirigía, tenía dos investigaciones en su contra en la Fiscalía General de la República (FGR) acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En un mensaje contundente, Fuentes restregó que Vargas no podía asumir la presidencia de un Tribunal que requiere legitimidad, y advirtió que “no podemos comprometer la percepción de la ciudadanía ni los principios y valores del servicio público. La protección institucional nos obliga a anteponer el bien del Tribunal y que la ciudadanía no tenga sospecha por motivos de investigaciones, aún cuando pudieran ser infundadas”.
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Ayer, los ex amigos fueron los únicos que se toparon de frente en la Sala Superior para sortear las nuevas impugnaciones a gubernaturas que deberán resolver en las próximas semanas.
El acuerdo es que el 1 de septiembre, cualquiera de las y los siete magistrados de la Sala Superior podrá postularse para una votación entre sus pares, sin que ninguno esté vetado. Por lo que Reyes Rodríguez Mondragón podría volver a postularse e incluso el propio Vargas Valdez de así decidirlo.
Los dos bloques tienen lo que resta del mes para encontrar una candidatura de consenso o cada uno presentar un perfil. En cualquier escenario, Vargas Valdez no tiene ninguna posibilidad de que resulten sus propuestas, mientras el bloque mayoritario desde ahora ya ganó: tumbaron a Vargas, recibieron el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y uno de los suyos será el nuevo presidente hasta el 2024, sin importar cuál será su nombre.
