El Centro de Investigación para el Desarrollo A.C (CIDAC) reveló que, debido al rezago de las autoridades judiciales en los estados, el país tardará once años en implementar de manera "eficaz y adecuada" el sistema de justicia penal acusatorio.
En la presentación del informe "Hallazgos 2015. Evaluación de la Implementación y Operación a Ocho años de la Reforma Constitucional en material de Justicia Penal", reportó que únicamente Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Yucatán, Baja California y Durango rebasan el 50 por ciento de avance.
Mientras que Nayarit, Jalisco, Ciudad de México, Baja California Sur, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche, Coahuila, Colima, Guerrero y Sonora apenas alcanzan el 30 por ciento.
"En la clasificación de las entidades, en ninguno de los casos lograron alcanzar, siquiera, el estándar establecido para 2014 y únicamente seis entidades han superado el estándar de 2013, lo que hace evidente que aún no estamos cerca de contar con un sistema de justicia penal y eficaz, eficiente y que asegure el respeto de los derechos humanos de los imputados y víctimas", puntualiza.
María Novoa, directora del área de justicia del CIDAC, indicó que a 45 días de que venza el plazo para la implementación de la reforma penal la ubicación de las entidades federativas responde a "fotografías de un momento determinado" que van cambiando constantemente.
"El 19 de julio, en todo el país estará operando formalmente el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, pero muchas de las ausencias y fallas en el proceso de implementación continuarán presentes y, evidentemente, no se corregirán de un día para otro", detalló.
