De acuerdo con la nueva ley, autoridades municipales del sistema DIF o cualquier organismo fiscalizable debe de estar preparando el informe de la cuenta pública del primer trimestre de gestión municipal, que corresponde al corte de caja del mes de octubre, informó el diputado Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Vigilancia del Auditoria Superior del Estado.
El diputado explica que los alcaldes que ya entraron a la nueva administración cuentan con un plazo de hasta tres meses para presentar dicho informe.
En esta nueva ley, la Auditoria Superior procederá con la revisión de la información financiera y en el caso de alguna observación solo existen 15 días hábiles para responder y si no fuera cumplido, las sanciones oscilan desde 200 hasta 2400 salarios mínimos para el funcionario que no cumpla.
