La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) solicitó a la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados mantener sin recortes el gasto ordinario para las universidades y, de ser posible, aumentar los recursos extraordinarios en el Presupuesto de Egresos 2018, ante los problemas financieros que enfrentan al menos siete instituciones educativas públicas.
Por su parte, la SEP se comprometió, en una reunión con los rectores de esas siete universidades, a seguir gestionando dichos apoyos.
El subsecretario de Educación Superior de la SEP, Salvador Jara, y el secretario general de la Anuies, Jaime Valls, se reunieron con los rectores de las universidades de Morelos, Zacatecas, Edomex, Nayarit, Juárez, de Tabasco; Benito Juárez, de Oaxaca; y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a quienes aseguraron que “la SEP está pendiente de los procesos que llevan a cabo para garantizar la actividad ordinaria”.
Jara aseguró que por instrucciones del secretario Aurelio Nuño, la oficial mayor de la SEP ha mantenido reuniones de trabajo con la SHCP y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, “dónde se analizan los mecanismos que permitan a las universidades cumplir con sus obligaciones administrativas y financieras”.
En tanto, Valls agradeció que la SEP esté dando seguimiento y establezca canales de comunicación con la instancia que encabeza, lo que ha permitido fortalecer las gestiones ante la SHCP y el Congreso, que se hacen de manera conjunta.
La SEP y Anuies reiteraron que mantendrán sus reuniones con el Legislativo y la Secretaría de Hacienda, por lo que la próxima semana se reunirán con legisladores y representantes de instancias federales a propuesta de los rectores.
EN TERAPIA INTENSIVA
Desde mayo, el subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, Salvador Jara, dio a conocer que al menos 10 universidades se encuentran en riesgo de quiebra.
Refirió que se trata de un problema que se viene arrastrando desde hace 35 años, pero hace dos años inició la etapa crítica, por lo que el gobierno no pudo seguir apoyando el pago de sus nóminas.
Indicó que la deuda alcanzó los 10 mil millones de pesos anuales solo para el pago de prestaciones; sin embargo, las instituciones debieron buscar cómo resolver sus problemas y muchas fueron apoyadas por los estados.
