Senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM presentaron la iniciativa de Ley General de Movilidad, con la que pretenden bajar los índices de accidentes automovilísticos en el país, obligar a los tres órdenes de gobierno a implementar políticas de transporte alternativo y considerar como prioridad al peatón y a las personas discapacitadas.
Al presentar la iniciativa, el priista y presidente de la Comisión de Movilidad, Jesús Casillas Romero, resaltó que hoy el 60 por ciento de los accidentes que ocurren son de tránsito, por ello esta iniciativa prevé también la aplicación del alcoholímetro a nivel nacional, exigir que la expedición de licencias de conducir cumplan un mínimo de requisitos en las 32 entidades y haya una verificación vehicular homogénea.
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“Su objetivo es garantizar el derecho de toda persona a desplazarse y trasladarse de un lugar a otro para la satisfacción de sus necesidades”, destacó Casillas Romero.
“No es posible que la casa de todos, que es la calle, pueda ser tierra de nadie, una verdadera jungla en la que parece que quien utiliza el vehículo particular tiene la ventaja y la preferencia sobre otras modalidades de transporte”, aseveró.
La iniciativa propone facultades y concurrencia entre los tres niveles de gobierno y aplicación de políticas públicas para la movilidad sustentable, regular las acciones, fomentar la educación, investigación, participación ciudadana, planeación y difusión en materia de movilidad sustentable.
De acuerdo con el documento, el estado debe promover el incremento del transporte público tomando en cuenta la jerarquización de los medios de desplazamiento en el orden siguiente: peatones, ciclistas y otros usuarios de la movilidad no motorizada; servicio de transporte público de pasajeros; servicio público y privado de transporte de carga; motociclistas automovilistas en vehículo privado.
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En tanto, el proceso de expedición de licencias de manejo deberá contemplar criterios mínimos y homogéneos, que invariablemente incluyan la acreditación de un curso con asignaturas en relación a la seguridad vial y respeto entre los diversos usuarios de la vía pública, en cualquier parte del territorio nacional.
Las licencias, permisos o autorizaciones emitidas en una entidad federativa sean válidos en el resto del país, siempre y cuando sea acorde al tipo o clasificación del vehículo y servicio que preste.
El programa de verificación vehicular será generalizado a las 31 entidades federativas para que las unidades tengan la misma emisión de contaminantes en cualquier lugar del país.
Todos los estados deberán implementar programas de prevención de accidentes, particularmente pruebas aleatorias de alcoholemia, para evitar la conducción de vehículos de motor por personas bajo los efectos de la ingestión de alcohol.
OVM
