El Senado convirtió la comparecencia del aspirante a la Suprema Corte, Alejandro Gómez Sánchez, en un interrogatorio sobre los casos en que, como procurador del Estado de México, ha intervenido como el de Atenco, Tlatlaya y los feminicidios.
El procurador mexiquense aseveró que no tiene vínculos políticos con el grupo Atlacomulco y garantizó su autonomía "en función de las leyes", cuando los senadores señalaron posibles conflictos de interés por haber sido propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto.
Dijo que sí tiene cercanía con el gobierno porque ha trabajado con este, como en otras cuatro administraciones de diferentes filiaciones partidistas, pues afirmó que tiene una "trayectoria y conciencia limpias".
Insistió en que la procuraduría se apegó a los procedimientos en el caso de Tlatlaya y la acción de los militares la determinará la investigación federal.
Dijo que en caso de ser designado como ministro actuará con apego a los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y con total transparencia en favor de la promoción y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Sobre la eventual regulación del uso de la mariguana, Gómez Sánchez dijo que la resolución de la SCJN que concedió un amparo a cuatro personas para que puedan cultivar, poseer, transportar y consumir mariguana con fines recreativos, "refleja la intención de sus emisores de aportar un criterio de trascendencia que cambie la política pública existente".
"Una sentencia de esta naturaleza conduce a efectuar cambios en toda la política pública del Estado, que hasta eso pocos días había tenido como premisa fundamental de que el cultivo, preparación y suministro de un estupefaciente se asocia a consecuencias antisociales o antijurídicas, es decir que la producción de marihuana siempre había estado relacionada a un sistema punitivo", dijo.
Los senadores Martha Tagle, Alejandro Encinas, Layda Sansores, Armando Ríos Piter, entre otros, cuestionaron su independencia del Ejecutivo y casos polémicos como Tlatlaya, Atenco y los feminicidios en la entidad.
La senadora Tagle Martínez acusó que la experiencia de Gómez Sánchez en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México "está manchada por temas como los feminicidios y particularmente cuestionado por los hechos ocurridos en Tlatlaya".
A su vez, Alejandro Encinas contrastó los resultados de las investigaciones en el caso Tlatlaya con la exposición del funcionario mexiquense y cuestionó por qué se dejó en libertad bajo fianza a siete de los inculpados, cuando tratándose de violaciones graves a derechos humanos no alcanza fianza.
El procurador respondió que no se acreditó la tortura y por ello salieron bajo fianza, pero sigue la investigación en el ámbito federal.
