El Senado aprobó en lo general y particular las reformas a las leyes orgánicas de la PGR que crean la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, así como a la del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que le dan nuevas facultades para que salas especializadas revisen las denuncias por faltas graves cometidas por funcionarios corruptos.
Por lo que toca al Tribunal, el pleno aprobó con 101 votos a favor y cinco en contra, las reformas por las que otorga facultades para conocer de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves, promovidas por la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría Superior de la Federación.
Se determina que la Sección Tercera de la Sala Superior será la encargada de resolver los recursos de apelación que interpongan las partes en contra de las resoluciones dictadas por las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas.
“Dicha sección también ejercerá su facultad de atracción para resolver los procedimientos administrativos sancionadores por faltas graves, cuya competencia primigenia corresponda a las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas”.
De acuerdo a sus nuevas facultades, los magistrados podrán imponer a los particulares vinculados a faltas administrativas graves su inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como posibles nombramientos o encargos públicos del orden federal, en las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda.
“Del mismo modo, sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella.
La senadora independiente Martha Tagle demandó blindar el perfil de los magistrados de las salas especializadas, para que mantengan la mayor independencia en los cargos y que sus actuaciones no respondan a sus intereses políticos.
La panista Pilar Ortega consideró que estas reformas son un avance porque se establece una estructura con salas regionales especializadas.
Por lo que toca a la Fiscalía Anticorrupción, se aprobó que tenga autonomía técnica y operativa investigar y perseguir delitos en materia de corrupción, por lo que contará con personal especializado de Ministerios Públicos para la ejecución de sus funciones.
Se eliminó del dictamen original la instrucción para que se le designara el 4% del presupuesto de la PGR, para establecer que el titular de la fiscalía elaborará su propio anteproyecto de presupuesto, que la Procuraduría tramitará ante la Secretaría de Hacienda.
Entre sus facultades, la Fiscalía Investigará y perseguirá los delitos de corrupción, salvo los cometidos por servidores públicos de la PGR, que serán conocidos por la propia visitaduría general.
La priista Ivonne Álvarez hizo notar que el tema de la Fepade se sacó de este dictamen “y nosotros, en el PRI, queremos hacer el compromiso por supuesto para poder dotar de todas esas facultades a la Fepade, en el siguiente periodo ordinario de sesiones”.
