Activistas que se oponen al funcionamiento de ese inmueble ubicado en la colonia Bojay, el cual fue clausurado recientemente por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de Semarnat del gobierno de México, dieron a conocer la respuesta que les brindó la Unidad de Transparencia del gobierno de Hidalgo.
En ella la dependencia precisa que la Semarnath recibió a través del oficio PMA/560/2021 una petición del gobierno municipal de Atitalaquia, encabezado por Agustín Hernández Olguín, para que le informara sobre las personas físicas o morales que se dediquen al manejo de residuos sólidos y cumplan con la normativa NOM-083-SEMARNATH-2003, documento que fue entregado por la instancia a través del oficio SEMARNATH/ DJ/1189/2021, sin que dicha información corresponda “a una autorización o a convenio celebrado por parte del estado”.
Y puntualizó la dependencia que en sus archivos no encontraron documentos sobre estudios que muestren que “no existieron restricciones para la selección del sitio en el que opera la empresa; estudios y análisis previos realizados para la selección del sitio; estudios o análisis realizados en el sitio previo a la construcción y operación del sitio de disposición final o evidencias que muestren que la empresa cumple con las características constructivas y operativas de un sitio de disposición final”.
Incluso señaló Semarnath que, analizando la normativa aplicable en la materia de la solicitud, no hay obligación alguna para contar con dicha información, y señaló que estos documentos pertenecen “al ámbito de las entidades públicas y privadas responsables de la disposición final de los residuos urbanos y de manejo especial de acuerdo al punto 2 Campo de aplicación de la NOM-083-SEMARNATH-2003, en este caso el ámbito municipal”, por lo que les surgió realizar su solicitud a la unidad de transparencia de Atitalaquia.
