Al argumentar que no todas las contingencias ambientales les competen, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que por ley la responsabilidad de los daños al río La Silla a raíz de una descarga de drenaje sanitario es de la Comisión Nacional del Agua.
El órgano expuso que la Ley de Aguas Nacionales es clara al señalar en su artículo 47 que las descargas de aguas residuales a bienes nacionales o su infiltración en terrenos que puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos serán atendidos por la "Autoridad del Agua", es decir, la Conagua.
"En ese tema (de contaminación al río La Silla), la denuncia se turnó a la autoridad competente que es la Conagua; quien es la encargada de sancionar en temas de aguas residuales", mencionó el Departamento de Comunicación.
El artículo 47 también señala que la Comisión deberá promover el aprovechamiento de aguas residuales por parte de los municipios, los organismos operadores o por terceros relacionados con los sistemas de agua potable y alcantarillado.
Además de promover medidas de prevención de contaminación a los cauces, de manera inmediata deberá actuar para contener el daño, exponen las fracciones IX, X y XI del artículo 86:
"IX. (La Conagua deberá) Promover o realizar las medidas necesarias para evitar que basura, desechos, materiales y sustancias tóxicas, así como lodos producto de los tratamientos de aguas residuales, de la potabilización del agua y del desazolve de los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, contaminen las aguas superficiales o del subsuelo.
"XI. Atender las alteraciones al ambiente por el uso del agua, y establecer a nivel de cuenca hidrológica o región hidrológica las acciones necesarias para preservar los recursos hídricos y, en su caso, contribuir a prevenir y remediar los efectos adversos a la salud y al ambiente, en coordinación con la Secretaría de Salud y "la Secretaría" en el ámbito de sus respectivas competencias", menciona la ley.
Lo anterior debido a que en días recientes un recolector de Agua y Drenaje de Monterrey se tapó y liberó aguas residuales al río La Silla, provocando la muerte de miles de peces.
Los vecinos del sector acudieron a interponer una denuncia ante la Profepa y
después a la PGR argumentando que el daño al cauce no estaba siendo atendido ni se había sancionado a los responsables.
