El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de México (Conatrib), Rafael Guerra Álvarez, aseguró que sería un fracaso que se aprobara el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sin un subsidio económico a los tribunales por parte del gobierno federal.
El magistrado Guerra Álvarez destacó que el proyecto de código – el cual se prevé que esté listo en abril - es un esfuerzo intenso que debe ser aplaudido. Sin embargo, llamó a atender otros problemas, frente al riesgo de que el sistema de impartición de justicia colapse.
Dijo que, sin la aprobación de subsidios federales, la aplicación del nuevo código haría suministrar a cada órgano judicial local los recursos financieros necesarios, sin garantizarles a estos partidas presupuestarias mínimas adicionales para ese efecto.
“Todavía estamos a tiempo de que las Cámaras de Senadores y Diputados oportunamente atiendan la importancia no sólo de autorizar partidas presupuestales adicionales y extraordinarias, sino que, además, garanticen su entrega a los poderes judiciales”, consideró.
Alertó que la Constitución federal y las locales carecen de disposiciones garantes de suficiente autonomía e independencia de los poderes judiciales, y que, por el contrario, contienen mecanismos para influir y condicionar el ejercicio de sus facultades políticas y jurisdiccionales.
El también presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México agregó que no hay garantía de contar con presupuesto anual mínimo ni reconocimientos de principios de progresividad y no disminución.
Además, afirmó que se invade la autonomía e independencia de la judicatura en algunas legislaciones que impiden que sean los magistrados quienes designen a su presidente, por facultad otorgada al Ejecutivo o al Legislativo.
Recordó que reformas procesales importantes en materia de justicia digital, justicia alternativa, oralidad civil, mercantil y familiar, proceso penal acusatorio y laboral, que requirieron capacitación e infraestructura física y tecnológica, se aprobaron sin partidas presupuestales adicionales, situación que pone en grave riesgo al sistema de impartición de justicia.
DM
