Con la intención de favorecer y agilizar el ingreso de migrantes, repatriados y los dreamers al sector educativo, mediante la revalidación de materias, la diputada local del PRI, Rosalva Llanes, presentó una propuesta de reformas a la Ley de Educación.
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La legisladora plantea la modificación de nueve artículos para simplificar los procesos de revalidación de estudios y equivalencias parciales.
"Son reformas a nueve artículos de la Ley de Educación que tenemos aquí en el estado, lo que se busca es simplificar todos los procesos de revalidación de estudios, equivalencias parciales que se tienen estudios de todos los niveles y también el tránsito y permanencia de todos los educandos, sea del nivel que sea, dentro del sistema educativo estatal.
"¿Cómo lo estamos logrando?, estamos modificando algunos artículos para que dentro de los derechos que tiene cualquier ciudadano de Nuevo León, no solamente el acceso a la educación, estamos incluyendo el tránsito y la permanencia dentro del sistema educativo, que la facultad que tiene la autoridad también sea emitir sus propias medidas para cómo garantizar ese tránsito para todos los estudiantes de todos los niveles, incluyendo media superior y superior que es la que más nos interesa", dijo.
Expresó que la idea es que estas medidas vayan dirigidas a grupos vulnerables o comunidades con mayor rezago educativo, y como ejemplo citó que dentro de esos grupos vulnerables se incluye a los tres referidos: migrantes, los repatriados y los dreamers, entre otros.
La propuesta la realizó tras considerar que el retorno de ciudadanos mexicanos que residían en Estados Unidos se ha convertido en una realidad en los últimos meses debido a la política antiinmigrante implementada por el Gobierno de ese país, hecho que ha puesto en una incertidumbre a los millones de compatriotas que al regresar sufren de la falta de políticas públicas para su debido establecimiento y acomodo de vida.
Según Llanes, lo difícil de regresar a México para los deportados, ademas de empezar de cero, se le suman otras problemáticas, como es que muchos de los integrantes de estas familias deportadas son niños, niñas y jóvenes que vieron interrumpidos sus estudios en educación básica, media y media superior, sumado a que el sistema educativo mexicano no tiene las condiciones necesarias e instrumentos jurídicos para incorporarlos a las instituciones educativas públicas y privadas del país y culminen así sus estudios.
