Una iniciativa de reforma a la Ley Ambiental del Estado, con la cual se busca que las empresas que contaminen en Nuevo León paguen un impuesto "verde" presentaron este miércoles los diputados del Movimiento Ciudadano como parte de la agenda Naturaleza en Movimiento.
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El diputado de Movimiento Ciudadano, Samuel García, comentó que se trata de una iniciativa resarcitoria para mitigar los daños a la salud que causan algunas empresas a la ciudadanía, donde los recursos que se logren serían destinados a programas ambientales que aplique la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
"Una iniciativa, quizá valiente, hemos escuchado a todas las bancadas, hemos escuchado al gobierno del Estado, a activistas, que tenemos que atender ya el tema de la mala calidad del aire. No ha habido un solo valiente que traiga las mejores prácticas que ya están en Europa y Sudamérica, y que ya están en Estados Unidos, que es que el que contamina paga.
"Se le llaman impuestos verdes, bonos verdes, y si somos una metrópoli industrial tiene que ser un giro de industria consciente, que están haciendo mucho daño porque no cuidan ni el agua ni el aire y mucho menos el subsuelo", comentó.
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Agregó que la propuesta reforma el artículo 141 de la Ley Ambiental del Estado y se agrega un capítulo a la Ley de Hacienda del Estado denominado De los Impuestos Ambientales. En este capítulo se incluirán los impuestos verdes que presentará en las próximas semanas la bancada ciudadana, entre ellos, un gravamen a las bolsas PET.
"Este impuesto va alineado a los tratados internacionales, por lo pronto de París, sobre cambio climático, a las leyes federales que tienen que ver con el tema ambiental, y va alineado con seis jurisprudencias de la Suprema Corte que está obligando a las entidades federativas a proteger los derechos humanos de los neoloneses en el tema de agua potable, aire limpio, hábitat no contaminado, alimento seguro y acceso a áreas verdes.
"¿A quién se le va a cobrar? A cualquier persona física, unidad, ente económico y empresas que contaminen en exceso los límites que ya han dado tanto las NOM (Normas Oficiales Mexicanas) como la Secretaría de Desarrollo Sustentable", comentó.
De aprobarse la iniciativa sería turnada a la Comisión de Presupuesto del Congreso para su análisis.
FSAD
