El Poder Judicial en el Estado presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, aprobada a finales de octubre del año pasado por el Congreso local y publicada el 22 de noviembre de 2014.
Su principal argumento es que dicha ley viola el principio de división de poderes, además de los lineamientos que obligan a que la relación entre los mismos sea de “no intromisión, no dependencia y no subordinación”.
La ley, que pretende reducir el gasto corriente en recursos públicos, concede un plazo de 80 días naturales a partir de su entrada en vigor para que los sujetos obligados elaboren, publiquen y difundan los programas de optimización de las estructuras orgánicas y de austeridad y ahorro, el reglamento de austeridad y el tabulador de viáticos.
Entre los sujetos obligados están los tres poderes del estado, los organismos públicos autónomos estatales, los ayuntamientos con sus dependencias y entidades; los organismos públicos intermunicipales y metropolitanos y cualquier instancia que reciba o administre recursos públicos, con respecto de los mismos.
El Poder Judicial aclara que no está en contra de que se establezcan reglas para el manejo “austero, racional y honesto del presupuesto”, sino que sólo pide se respete su autonomía.
