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Piden garantizar traductor en procesos judiciales a indígenas

La diputada del PRD, Natalia Karina Barón Ortiz, propuso garantizar traductores en lenguas náhuatl, zapoteco, maya, tzeltal y tzotzil. 

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propuso garantizar la asistencia de traductores y defensores capacitados en los procesos judiciales que enfrentan indígenas.

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Karina Barón precisó que de acuerdo con estadísticas en México existen más de 8 mil indígenas presos y en 80 por ciento de los casos se violó el debido proceso, por lo que es necesario revertir esta situación.

La también secretaria de la Comisión de Desarrollo Social, indicó que la mayoría de estos casos corresponde al fuero federal y se encuentran en los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz.

Subrayó que un gran número de procedimientos están plagados de irregularidades, no solamente por la falta de traductores, intérpretes y defensores capacitados, sino porque el Ministerio Público y los jueces suelen desdeñar los casos.

“Además, se argumenta que las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia no tienen presupuesto para cumplir con esos requisitos, lo cual no es verdad”, afirmó la legisladora.

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Barón Ortiz propuso garantizar la asistencia de traductores en procesos judiciales, ya que tienen derecho a ser asesorados en virtud de que las lenguas con las que se identifican son el náhuatl, zapoteco, maya, tzeltal y tzotzil.

De acuerdo con datos del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), en Oaxaca se necesitan al año casi 15 millones de pesos para solventar la necesidad del uso de traductores e intérpretes.

Barón Ortiz señaló que un juicio penal contra una persona indígena desde que inicia hasta que termina llega a tener un costo de hasta 40 mil pesos.

“El presupuesto para las labores de procuración e impartición de justicia está debidamente diseñado para solventar todas las erogaciones que resulten de su aplicación, por lo que mienten los que argumentan falta de recursos para garantizar a los indígenas un debido proceso”, finalizó.


OVM

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