Al tratarse de los mismos hechos y para evitar un "madruguete", el Gobierno del Estado informó hoy que solicitaron a la Procuraduría General de la Republica (PGR) los expedientes de las denuncias presentadas contras los jueces involucrados en el caso Medina.
Las autoridades solicitaron a la PGR la carpeta que integra la denuncia que realizó la defensa del ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz en contra del juez de control que le dictó prisión preventiva en el Penal del Topo Chico, e hicieron lo propio con el expediente contra la juez Federal, Beatriz Joaquina Jaimes Ramos, quien ordenó la liberación del ex mandatario.
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"Hemos pedido la acumulación de los dos expedientes para que no haya posibilidad de que pudiera haber decisiones contrarias, se tratan de los mismos hechos, el mismo fundamento, entonces debe proceder la acumulación", señaló Canales Santos.
En rueda de prensa, el titular de la subprocuraduría Anticorrupción, Ernesto Canales Santos, acusó al Gobierno Federal de proteger al ex mandatario de Nuevo León.
"Esto pareciera una protección al ex gobernador Rodrigo Medina de las autoridades federales en contra de la seguridad de Nuevo León".
Además, insistió que se debe poner un alto al abuso del recurso de amparo.
"Debe proceder el que se ponga un alto a los abusos del amparo que socavan totalmente la función de justicia de los Estados", mencionó el fiscal.
Por su parte, Aldo Fasci, vocero de Seguridad del Estado, explicó que será el Poder de la Judicatura quien dará una resolución sobre las denuncias que presentaron ambas partes contra la jueza federal y el juez local.
Ya una vez determinada dicha decisión, se le informará a la PGR para que ésta deba actuar en consecuencia contra el juez que violó la ley al haber liberado o encarcelado a Rodrigo Medina.
“Esto va a ser un galimatías, pero bueno, aquí de lo que se trata es que el Gobierno del Estado exija que se acumulen ambos y que se actúe”, refirió.
Buscarán vincular a ex funcionarios de Obras Públicas por sobrecostos
En este mismo orden de ideas, la Fiscalía Anticorrupción, informó que tres ex funcionarios de la entonces Secretaría de Obras Públicas serán citados a audiencia en la que se les buscará imputar delitos por entregar una obra inconclusa y con un sobrecosto de 20 millones de pesos.
Sin dar nombres, José Emilio Iruegas, elemento de la Fiscalía Anticorrupción, explicó que se trata de un ex residente de obra, un ex coordinador de ejecución de obra y un ex director de ejecución de obra.
