El diputado del Partido Acción Nacional, Daniel Carrillo Martínez, presentó este martes una iniciativa de reformas al Artículo 151 en su fracción octava de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con la intención de permitir que los ciudadanos asalariados puedan ingresar gastos de gasolina para deducir hasta el 10 por ciento de sus ingresos totales anuales.
De aprobarse esta propuesta, sería enviado un exhorto a la Cámara de Diputados para su posterior discusión.
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El diputado expresó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no accede a reducir el costo de la gasolina vía subsidios y el único que pierde es el ciudadano, por ello buscan que sea deducible.
Es decir, que se formalice mediante todos los gastos que se realicen en combustible en su declaración anual, para que le sea devuelto al ciudadano.
De manera adicional, dijo el panista, se lograría que el contribuyente formalice sus ingreso y declare impuestos, pero recibiendo este apoyo económico con la deducción derivada de la compra de gasolina.
“Hasta un 10 por ciento del total de los impuestos anuales que reciba el ciudadano podrá ingresar este consumo de gasolina durante el año para que le sea devuelto de todo lo que le retuvieron de Impuesto Sobre la Renta”, explicó.
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Otra iniciativa
Por su parte, el diputado priista, Gabriel Tláloc Cantú, presentó otra iniciativa que tiene como objetivo reformar el Artículo 86 de la Constitución Política de Nuevo León con su correlativo número 6 de la Ley de los Derechos Humanos.
“En donde lo que se busca es que cuando se exhorte o que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos haga alguna recomendación a alguna autoridad, a algún funcionario o servidor público por algún efecto donde se haya abusado, excedido en los derechos humanos y la dependencia o funcionario o administración, se nieguen a hacer caso, se les obligue a que su negativa sea por escrito y publicada.
“De lo contrario, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos podrá darle la facultad y podrá solicitar al Poder Legislativo a que citemos al funcionario que negó la recomendación de los derechos humanos para que lo explique públicamente, dé su razón y si está mal, se tomen las medidas pertinentes para sancionarlo”, comentó.
Expresó que de esa forma los legisladores podrían fungir como una correlación con la comisión y que salgan emanadas las resoluciones en materia administrativa o penal, según sea el caso y garantizar que el funcionario sea sancionado.
