El Congreso Local solicitará a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) un informe detallado sobre el avance de las denuncias interpuestas por la Auditoria Superior del Estado (ASE) por las insolvencias observadas en las cuentas públicas de los municipios desde el año 2011 a la fecha.
Por iniciativa del diputado Jesús de León Tello, Coordinador de la bancada panista, el Poder Legislativo pedirá al Procurador General de Justicia de Coahuila, Homero Ramos Gloria, que dé a conocer el estado y avance de las averiguaciones que han abierto, por las denuncias presentadas por la ASE en contra de municipios con irregularidades en las cuentas públicas, incluyendo denuncias que prescribieron.
El Punto de Acuerdo fue aprobado por unanimidad por los diputados, por lo que la PGJE deberá informar a detalle cuáles fueron las denuncias que le presentó la ASE, cuántas y cuáles se consignaron, cuáles llegaron a una sentencia condenatoria o fueron resueltas con la absolución de los funcionarios y en cuántas y cuáles se tuvo que dictar un auto de archivo por la prescripción del delito.
[OBJECT]El legislador expuso que en agosto de 2015, Ramos Gloria, reconoció ante medios de comunicación que había recibido un paquete de denuncias de parte de la ASE, referentes a irregularidades detectadas en las cuentas públicas del periodo fiscal 2013.
Después trascendió que algunas de las denuncias presentadas por la ASE, correspondientes al ejercicio fiscal 2011 en contra de diversos municipios, habían prescrito o se habían vencido los términos legales para continuar con su proceso.
En este sentido, destacó que entre esas denuncias del 2011 debe estar la que se refiere "a la deuda contratada ilegalmente por la administración anterior" conocida como la "Mega Deuda".
Precisó que existe la posibilidad de que la PGJE de manera intencional dejó transcurrir el tiempo sin dar continuidad al proceso de investigación, no ejecutó las actuaciones necesarias o simplemente emitió un acuerdo de reserva para que no se pueda llevar a cabo la consignación ante el juez, lo que por consecuencia permite que el funcionario pueda evadirse en la prescripción.
Detalló que el Procurador deberá entregar el informe en un plazo no mayor a 30 días, de manera directa a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Auditoría y Cuenta Pública.
En el caso de encontrar negligencia por parte de los ministerios públicos o cualquier otro funcionario, al no haber hecho lo conducente para la reparación al daño patrimonial causado al Estado, deberá tener una consecuencia y si ya se hizo, deberá aclararlo.
