La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Nuevo León afirmó no tener competencia en la proliferación de pedreras fantasma o sin registro que operan en el estado sin ninguna restricción.
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Víctor Jaime Cabrera Medrano, delegado estatal de la Profepa, señaló que las competencias están repartidas entre los tres niveles de gobierno, y que la de esta dependencia federal no es supervisar la operación, ya que se la atribuyó al Gobierno del Estado.
"El tema ambiental está repartido en sus competencias en los tres niveles de gobierno, hay algunas cosas que ve el Estado, hay algunas cosas que ve la Federación y otras cosas que ve el municipio.
"En el caso de las pedreras donde existe cierta competencia federal es al momento de solicitar las autorizaciones, también la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llega a intervenir para autorizar solamente por cuánto es impacto ambiental, y uso de suelo", indicó.
Este lunes, Notivox Monterrey reveló que la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León solo cuenta con 35 Manifestaciones de Impacto Ambiental Modalidad Industrial de las 48 pedreras que operan en la entidad, por lo que no se tiene registro del estatus legal de las 13 restantes.
El delegado de la Profepa señaló que la Semarnat los remite a alguna participación para verificar que no se edifique sin autorización de uso de suelo o impacto ambiental.
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"Es la única en la que nosotros podemos llegar e intervenir, pues ya que nos pueda dar alguna participación la Semarnat para que nosotros verifiquemos que antes de que se solicite (la autorización) no vayan a dar inicio, es lo que hemos venido haciendo.
"Por cuanto hace a la competencia del giro de la operación de la pedrera, nosotros no regulamos la operación, es el Gobierno del Estado, la operación de las pedreras no es competencia de la Profepa, esa pregunta se la debes de dirigir a quien regula la operación de la pedreras; solo intervenimos cuando la Semarnat nos da intervención para ver si ellos han iniciado obras antes de que obtengan su autorización de impacto ambiental o de cambio de uso de suelo", dijo el delegado de la Profepa.
De acuerdo con Cabrera Medrano, el Gobierno del Estado también tiene la facultad de aplicar sanciones o multas a las extractoras de piedra caliza.
