Ciudad de México /
La democracia mexicana tiene numerosos e importantes déficits. El INE apenas roza la superficie de una economía política electoral que mueve una enorme cantidad de dinero ilegal. Los partidos políticos, con todo, reciben un generoso financiamiento público que ofende a muchos ciudadanos. Tienen razón los observadores que señalan que el INE a menudo debe hacer cumplir una legislación electoral defectuosa e incoherente. Sin duda, el entretenimiento favorito de la política mexicana es pegarle al árbitro. La presión sobre los consejeros por actuar de diferentes maneras ha sido enorme. Por ello es comprensible que, agobiados por las expectativas no cumplidas, decidieran suplantar al Congreso y legislar un artículo constitucional.
