Javier Vargas Zempoaltécatl, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), aseguró que la plataforma CompraNet no es vulnerable ni puede ser hackeada y que en el caso dado a conocer por MILENIO, en el que un servidor público de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cargó información indebida sobre un proceso de contratación de servicio de internet, el error fue solo del funcionario.
En entrevista con MILENIO, Vargas confirmó que, de acuerdo con los registros digitales de la plataforma, las solicitudes de cotizaciones fueron publicadas en CompraNet en dos ocasiones por Luis Enrique Ortiz Barrera, jefe del Departamento de Adquisiciones de Material Didáctico y Equipo Educacional de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la SEP, a través del método institucional diseñado para ello.
“Él (la) capturó con su clave y contraseña como operador CompraNet, a nombre de la SEP; subió datos de manera inadecuada”, afirmó.
“Toda esta información la subió un operador y eso no quiere decir que haya entrado de manera clandestina o irregular al sistema o que haya subido información y que alguien la haya cambiado por esa presunta vulnerabilidad; CompraNet tiene todos los candados, todo el régimen de seguridad”, precisó.
Dicho funcionario renunció al cargo sin dar explicaciones después de que la SEP presentó la demanda administrativa y luego de ser confrontado por las autoridades de la dependencia, pues él tenía la obligación de verificar la adecuada publicación de los datos del contrato.
El subsecretario afirmó que la plataforma no altera la información por sí sola, por lo que su fiabilidad depende de quienes la operan. Aseguró que para el mejor funcionamiento de CompraNet, la SFP capacita periódicamente a los usuarios de la misma, que en su mayoría son empleados de las áreas de adquisiciones de las dependencias del gobierno federal.
Agregó que de manera cotidiana se hacen revisiones aleatorias a la información que se sube “no porque esté mal, sino porque a veces se sube información incompleta y, de ser así, eso se hace del conocimiento de las áreas contratantes”.
La investigación contra Ortiz Barrera y otros servidores públicos que resulten responsables puede tomar hasta 180 días hábiles, explicó Vargas.
