La migración en busca de mejores condiciones de vida es un derecho humano, fenómeno ante el que los países están obligados a asegurar un paso seguro y sin violaciones a las garantías individuales.
En el punto anterior coincidieron los investigadores Luis Xavier Carrancá, académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Emely Manzano, especialista de la Universidad Centroamericana (UCA); Analí Gabriela Briceño, académica de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya; y Juliana Patricia Morad, especialista de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ).
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El investigador de la Ibero México, Xavier Carrancá destacó que desde el Derecho hay una obligación de erradicar el punitivismo y el discurso antiinmigrante albergado en las propias políticas públicas.
“Nuestras leyes tienen institucionalizada la discriminación, la xenofobia y la criminalización de la migración”, explicó el especialista de la universidad jesuita durante la primera mesa de trabajo de la Cátedra Cossío, organizada por la Ibero Puebla.
México es el tercer país con el mayor número de emigrantes en el mundo, más de 12 millones; sin embargo, al mismo tiempo, es una zona con amplio flujo migratorio en donde las personas en tránsito son vulnerables al tráfico y la trata de personas, destacó el especialista.
“Para que los gobiernos puedan actuar para erradicar estos delitos es necesario terminar con el discurso que entiende la migración como un problema”, resaltó Xavier Carrancá.
Por su parte, Emely Manzano de la UCA recordó que en 2015, la ONU incluyó la migración entre los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, eje en el que se establece que los países deben asegurar un sistema migratorio regular y seguro para las 272 millones de personas que han abandonado sus lugares de origen.
“Para gobernar la migración es necesario contar con estructuras organizativas que permitan regular la actuación de los Estados frente a las personas en movilidad. El fin último debe ser el establecimiento de una gestión segura, ordenada y regular”, comentó.
Por su parte, Analí Gabriela Briceño explicó que cada región enfrenta este reto de manera distinta y países como Perú se han convertido de la noche a la mañana en receptores de personas migrantes, particularmente provenientes de Venezuela.
“Cerca de la mitad de las personas migrantes en territorio peruano, más de medio millón, no han podido recibir el estatus de refugiados, lo cual restringe el acceso a servicios básicos. Desde el aspecto social, los peruanos se han visto influidos por discursos políticos y mediáticos que estigmatizan a las personas migrantes. Esto ha avalado la criminalización de la migración a nivel social y legislativo”, comentó.
En su oportunidad, Juliana Patricia Morad de la PUJ, resaltó que la población migrante enfrenta muchos problemas de regularización del estatus de residencia y pese a que emprendieron programas para acelerar este proceso, no ha sido suficiente para dar atención a las masas.
“Argentina ha vivido una realidad distinta en el tránsito de personas. En la primera mitad del siglo XX se programó una inmigración europea que cimentó las bases de su actual clase media. Posteriormente, los flujos migratorios fueron encabezados por personas de países limítrofes. Fue hasta 2002 que, en el Acuerdo de Residencia del Mercosur, se establecen principios para el libre tránsito y residencia. Actualmente, las personas que llegan a Argentina son mayoritariamente jóvenes, 24 años en promedio; mujeres, 54.8 por ciento, y con escolaridad limitada”, expresó.
AFM
