Ciudad de México /
Las promesas de funcionarios del Estado mexicano en favor de la protección y promoción de los derechos humanos y la aparente apertura al escrutinio internacional, serán creíbles en tanto el Gobierno del presidente Peña Nieto cese las críticas explícitas y veladas a la CIDH y contribuya de manera relevante, con respaldo político y económico, para terminar con el deterioro e incertidumbre financiera del principal órgano de la OEA encargado de la protección y promoción de los derechos humanos en la región.
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