El gobierno de México adelantó que atenderá las medidas de reparación que ordene la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y recordó que desde 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que policías maltrataron física y moralmente a 11 mujeres en Atenco, pero no hubo una estrategia estatal, ni obedecieron a órdenes ilícitas de autoridades superiores para preparar la agresión o urdir acciones contra los manifestantes.
Al expresar su condena a los hechos de violencia sexual y tortura cometidos contra 11 mujeres en el caso Atenco, el gobierno federal aseguró que el entonces gobernador del Estado de México -el presidente Enrique Peña Nieto- al conocer las denuncias, ordenó su inmediata investigación, así como la sanción de los responsables. Lo que motivó el inicio de procesos penales y de responsabilidad administrativas y que hay 52 personas bajo proceso por estos hechos.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República, recordaron que desde marzo de 2013, el gobierno de la República reconoció su responsabilidad por las violaciones a derechos humanos cometidas contra un grupo de 11 mujeres con motivo de los hechos suscitados en San Salvador Atenco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006 y "se reforzaron las acciones para fortalecer las investigaciones y los procedimientos de responsabilidad penal y administrativa correspondientes, así como para adoptar medidas de reparación, incluyendo aquellas necesarias para evitar la repetición de hechos similares".
Las dependencias destacaron que hasta la fecha han sido consignadas 52 personas ante las autoridades judiciales, incluyendo agentes de seguridad pública del Estado de México, médicos legistas y médicos de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y un agente del Ministerio Público, por los delitos de tortura y encubrimiento de tortura y que los procedimientos penales continúan.
Recordaron la existencia de la recomendación 38/2006 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Atenco, y que se puso a disposición de las víctimas y sus familiares el acceso a un fondo especial que comprende medidas de rehabilitación, apoyos educativos, atención integral a la salud médica y psicológica y compensación económica, pero "el Estado es plenamente respetuoso de la decisión de las víctimas de no acceder a las medidas referidas, pero reitera su ofrecimiento de aplicar estas medidas de reparación si las víctimas así lo deciden".
Simultáneamente, aseguró el gobierno de la República, el Estado ha tomado diversas medidas de carácter estructural como la adecuación de la legislación en materia de violencia contra las mujeres; la creación de un marco jurídico nacional robusto en materia de prevención y combate a la tortura con perspectiva de género y la instrumentación de protocolos de actuación ministerial adecuados.
