La Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley General de Salud para que médicos y enfermeras del Sistema Nacional ejerzan su derecho a la objeción de conciencia y se puedan abstener de prestar servicios que contravengan sus valores, excepto cuando se ponga en riesgo la vida o se trate de una urgencia.
Este dictamen confrontó posiciones entre integrantes del Frente Ciudadano por México que integran PAN, PRD y MC.
La diputada secretaria de la Comisión de Salud, la priista Rosalina Mazari, explicó que en caso de que una mujer como resultado de una violación quede embarazada y busque abortar, el médico puede aplicar la objeción de conciencia, en tanto no se trate de un caso que ponga en peligro la vida de la persona, toda vez que ésta tiene la opción de acudir con otro doctor, de lo contrario caerían en responsabilidad profesional.
Con 313 votos a favor, 27 abstenciones y 105 en contra, el pleno camaral aprobó en lo general adicionar el artículo 10 BIS a la mencionada legislación y fue enviada al Senado para su discusión y eventual aprobación. Con ello, el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrá excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la ley.
En dicha votación los integrantes del también llamado bloque opositor no coincidieron en la aprobación del dictamen que emitió la Comisión de Salud que preside el panista, Octavio Iñiguez Mejía, situación que ocurrió por primera vez desde que dicho frente se unió en septiembre pasado cuando aplazaron la instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
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Los votos del Frente quedaron de la siguiente manera: 98 diputados presentes del PAN votaron a favor, 48 perredistas en contra, mientras que la fracción más dividida en el tema fue Movimiento Ciudadano con cinco a favor, cinco en contra y seis abstenciones.
En la bancada de Morena 34 votaron en contra, nueve se abstuvieron y cinco faltaron a la sesión, Nueva Alianza emitió 11 sufragios en sentido negativo.
La fracción priista conformada por 205 diputados, fue la que marcó la diferencia para que el dictamen derivado de la iniciativa de la diputada Norma Edith Martínez, de Encuentro Social, fuera aprobado por mayoría; 166 priistas emitieron su voto a favor, dos en contra, nueve se abstuvieron y 27 no se presentaron; mientras que 35 legisladores del PVEM votaron a favor.
Posterior a la dividida votación, la perredista Cecilia Soto presentó a nombre del Frente Ciudadano por México una reserva que fue aprobada por el pleno camaral para adherir al segundo párrafo de la disposición una redacción que garantiza que se respetará la integridad física de los pacientes, de lo contrario serán sancionados.
"Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse a la objeción de conciencia, en caso contrario se incurriría en causal de responsabilidad profesional", señala la redacción final del segundo párrafo del artículo 10 BIS de la Ley General de Salud, que se envió el Senado para su discusión, votación y eventual aprobación.
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Durante el debate del dictamen las bancadas del PRD y MC que conforman el Frente Ciudadano por México, coincidieron en que la disposición restringe los derechos de las personas que utilizan los servicios de salud además de que no representa mejoras en la calidad de vida de la sociedad, ni para el sistema de salud pública del Estado.
El legislador David García, a nombre del PRD, señaló que la adición del artículo 10 BIS a la Ley General de Salud, puede poner en riesgo la vida de cientos de pacientes además de que se corre el peligro de transformar la práctica médica en una actividad idiosincrática, sesgada, prejuiciosa, intolerante y discriminatoria, posición en la coincidió Candelaria Ochoa de MC.
En tanto, la panista Teresa de Jesús Lizárraga, al fundamentar el dictamen señaló que la objeción de conciencia se inscribe en la libertad de pensamiento, de conciencia y de creencia religiosa, protegida por tratados internacionales.
Su correligionario Jorge Triana, negó que el espíritu de las reformas se vaya a desvirtuar y a dar pie a una interpretación religiosa, toda vez que la autoridad se encargará de acotar los excesos.
