La mejor forma de defender a los trabajadores de casinos cerrados en Nuevo León es que funcionen bajo el marco de la Ley, ya que se complica cuando el origen del conflicto es la falta de permisos, establece el líder sindical argentino Daniel Amoroso.
En entrevista con Notivox Monterrey por correo electrónico, el presidente mundial de UNI Juegos de Azar, explica que una ley amplia y moderna evitará en el futuro nuevos conflictos como los que está sucediendo en algunos estados del país.
El dirigente de la agrupación que aglutina a 20 millones de trabajadores de casinos en todo el mundo relata que pugnan por los derechos laborales para quienes laboran en los negocios de este giro e intentan realizar acciones encabezadas a revertir decisiones como las que emprendió la alcaldesa Margarita Arellanes, donde cerró 12 casas de apuestas.
“Desde UNI nos oponemos a cualquier tipo de acción que perjudique a los trabajadores, y realizamos las medidas legales necesarias o las gestiones para tratar de evitarlas o revertirlas. Lamentablemente cuando el origen del conflicto es la falta de permisos para el funcionamiento de las salas de juego o conflictos similares el tema es más complicado”, explica el argentino Daniel Amoroso.
¿Qué acciones están tomando para que los gobiernos municipales tomen en cuenta a los trabajadores?
“Estamos en permanente contacto con las autoridades del gobierno y legislativas, así como con representantes sindicales y empresariales locales para tratar de desarrollar un marco jurídico que regule la actividad, le otorgue transparencia y garantice los derechos de los trabajadores.
“UNI representa a miles de trabajadores de juegos de azar de todo el mundo y mas allá que tengan o no filiación sindical o estén dentro de los convenios, intentamos representarlos”, agregó.
¿Creen que hay una campaña de desprestigio por parte de las autoridades, contra casinos que tenían años operando?
“Entiendo que las autoridades están preocupadas en que todos los casinos funcionen bajo el marco de la ley. Y nosotros también lo queremos porque es la mejor manera de defender a los trabajadores”.
En febrero 27 de 2013, la administración de Margarita Arellanes emprendió una ofensiva contra casinos que operaban presuntamente en forma ilegal, generando el despido de unos 2 mil trabajadores.
Los casinos clausurados en forma definitiva fueron el Crown, el Revolución, los tres Calientes, el Yak, Club 909, el Miravalle Palace, el Crystal Palace, el California Palace, el Red y Foliatti.
