La mayoría de las mujeres de Topolobampo, en el municipio de Ahome, Sinaloa, que migran a Estados Unidos para trabajar en la industria del marisco o en el sector servicios, utiliza desde hace años visas para trabajo “no calificado” y temporal (H-2A y H-2B) que emite, regula y controla solo el país del norte. Hoy, en la “era Trump”, ese gobierno prefiere dicha contratación porque implica casi nulas obligaciones para empleadores y desventajas para las trabajadoras.
En Topolobampo, poco más de la mitad de habitantes son mujeres, 3 mil 131, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y para ellas las opciones de trabajo se reducen a la pesca y al trabajo en el hogar, empleos precarios en una localidad donde más de la mitad de empleos son informales.
“Viven bajo una eterna subcontratación” que les impide ampliar su derecho a la salud o a la vivienda, señala la directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC AC), que acompaña desde 2007 a migrantes temporales en Sinaloa, Alejandra Ancheita Pagaza.
Migran entonces a Estados Unidos para aliviar la pobreza, como los varones, pero también para huir de la violencia machista, aunque no se conocen datos sobre cuántas de las 2 mil personas que cruzan la frontera son mujeres ni cuántas lo hacen para alejarse de la violencia.
Allá se emplean en la industria del marisco o en el sector servicios, con los salarios mínimos de ese país y bajo condiciones laborales que implican abusos y violaciones a sus derechos, con fraudes durante la contratación, abusos en los centros de trabajo, violencia sexual, acceso diferenciado al empleo, condiciones de alojamiento injustas, discriminación, represalias y hostigamiento.
El antecedente de esta forma de contratación está en el “Programa Bracero”, iniciado en 1942 para dotar de mano de obra a la industria agrícola en EU. Hoy el sistema de visas tiene cambios, pero sigue sin tener injerencia el gobierno mexicano, no está dentro de un programa bilateral con estándares mínimos de protección, y para EU es una forma de controlar la migración irregular, garantizar la flexibilidad laboral y bajar costos de producción.
Los empleadores, considera Ancheita Pagaza, ven a las trabajadoras como “desechables”, porque les pagan poco por un trabajo que sí es calificado, lo que representa mayor ganancia. Durante años, el gobierno mexicano se negó a reconocer su responsabilidad en estos abusos, porque sus derechos eran solo justiciables en Estados Unidos.
Aun así, cada vez más mujeres se emplean bajo este sistema, aunque estén limitadas para denunciar abusos ante su empleador o ante las autoridades de aquel país.
Esta situación generó que en 2013, con el acompañamiento de ProDESC, un grupo de migrantes fundara la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Temporales Sinaloenses, que suma hoy 51 personas, 28 de ellas mujeres. Ésta logró que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizara, por primera vez, una inspección laboral a las agencias de reclutamiento. Hoy busca que las empresas se hagan responsables por los abusos de los reclutadores.
MONEDA AL AIRE
Migrantes de Topolobampo entrevistadas por Cimacnoticias dicen que cada temporada es como echar una moneda al aire: no saben si serán reclutadas o si mantendrán el empleo toda la temporada. Muchas veces los reclutadores, la mayoría de la misma comunidad, les dan trabajo a cambio de cobros ilegales, lo que orilla a contraer deudas, además de que dan preferencia a familiares y amigos. A las mujeres les piden favores sexuales a cambio del reclutamiento.
JOSEFA, JOVA…
“Josefa”, quien encuentra en la migración el único camino para aliviar la pobreza y garantizar la escuela a sus hijas e hijos, se fue a trabajar a la industria del marisco por primera vez cuando tenía 28 años. De su sueldo debe pagar el alojamiento en “trailas”, donde duermen hasta 12 mujeres, a veces sin gas ni aire acondicionado, y comprar su material de trabajo.
“Jova” dice que las mujeres ganan “por destajo” y no por hora, como los hombres; y por eso, para no perder tiempo, no se lava las manos para quitarse el ácido que tienen los mariscos, aunque le cause lesiones. Dice que ninguna recibe capacitación, a veces pasan varios días sin empezar a laborar y trabajan horas extra para pagar el transporte y la visa.
Las migrantes, como señala un diagnóstico de ProDESC AC, dicen: “trabajamos más fuerte que los hombres y nos cuesta más trabajo conseguir la chamba”.
Los reclutadores, convertidos allá en mayordomos o en trabajadores, nuevamente las acosan o agreden sexualmente, amenazándolas con ponerlas en la lista negra o correrlas.
DERECHOS INCUMPLIDOS
Aunque las leyes laborales de México y Estados Unidos garantizan para las y los migrantes derecho a la vivienda, salario hasta terminar la temporada, pago de horas extras, jornadas de ocho horas, descansos, y ambiente libre de acoso y discriminación, esto no sucede. Sin embargo, no denuncian por temor a perder el empleo, ya que es el empleador quien decide sobre su permiso de trabajo.
Los beneficiarios del trabajo de las migrantes, dice ProDESC, son las empresas que emplean mano de obra barata, autoridades estadunidenses y mexicanas que relegan su responsabilidad en el cuidado y protección de los derechos, y los reclutadores de ambas naciones (de origen y destino), que abusan de la necesidad de las personas migrantes y actúan, en ocasiones, en la informalidad e ilegalidad, en total impunidad.
NECESARIA COALICIÓN
Ancheita Pagaza explica que la posibilidad de que migrantes ejerzan su libertad de asociación en ambos países es pequeña, pese a que es un derecho humano garantizado por los Estados.
Y ahora, en el gobierno de Donald Trump, con sus amenazas de deportaciones masivas, los empleadores y los congresistas estadunidenses más conservadores ven como alternativa ampliar las visas para trabajo temporal.
“De ahí que la organización adquiere relevancia, señala, y por eso el trabajo de la coalición es más que nunca necesario, vigente y visionario”.
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