Aunque ninguno es originario de Zacatecas, Francisco Domínguez y Rodolfo Flores, dieron una batalla legal de 10 meses para poder casarse en la ciudad en la que se conocieron y en la aseguran, vivirán el resto de sus vidas.
Con más de 10 años de una vida en común, decidieron legalizar su unión para protegerse mutuamente ante cualquier eventualidad, pero en lugar de trasladarse a una de los nueve estados en los que las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio sin recurrir al amparo, Francisco y Rodolfo quisieron dejar un precedente.
Y mostrar a las decenas de parejas que se encuentran en su condición que sí es posible celebrar su matrimonio en donde decidan y que además pueden lograrlo sin invertir un solo peso, si como ellos tienen que llevar el asunto a tribunales por la cerrazón de las autoridades.
“Todo empezó cuando Rodolfo llamó al Registro Civil para solicitar los requisitos para celebrar un matrimonio. El juez Rafael Pedroza le dio una cátedra de que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer y después de mil horas nos dio los requisitos, pero cuando presentamos nuestra solicitud nos fue negada. A fuerza nos dio los requisitos. Dejamos el oficio solicitando que nos queríamos casar. La negativa tardó mes y medio. Fuimos con el director del registro civil, Alejandro Marco y nos sugirió que fuéramos a la Defensoría Pública.”, dijo Francisco Domínguez.
La pareja acudió al Instituto de la Defensoría Pública en donde les asignaron un abogado de oficio, Eduardo Hernández, que llevó el trámite hasta su conclusión.
Rafael Pedroza dijo “con todo el dinero que gastaron en abogados mejor se hubieran ido a otro estado a casarse”.
El abogado nos dijo que era el primer caso que se presentaba en Zacatecas. La SCJN aún no se pronunciaba sobre la inconstitucionalidad de los códigos civiles de los estados que definen el matrimonio como la unión entre hombre y mujer, emitida el 19 de junio de 2015.
Pero el abogado dijo que había posibilidades pero que quizá sería un poco tardado.
La primera traba fue de la diputada priista Ericka del Carmen Vacio, representante del Poder Legislativo, quien aplazó la audiencia porque pidió pruebas de la homosexualidad de la pareja.
“Imagina lo que pensamos. No sabíamos si quería fotos, un video porque no especificaba qué tipo de pruebas necesitaba, aunque yo sé que a ninguna pareja heterosexual le piden pruebas; pero bueno, presentamos dos testigos que respondieron al interrogatorio del oficial de acuerdos. Él tenía la facultad de resolver pero no lo hizo. Dejó pasar dos meses para que el caso se turnada a otro juzgado”.
La pareja presentó una queja en la tercera visitaduría de la CDHEZ que no procedió porque la legisladora solicitó licencia para buscar la presidencia municipal de Sombrerete y el organismo se declaró incompetente.
Finalmente, el 11 de julio se casaron. Fueron Francisco y Rodolfo quienes decidieron que el juez Rafael Pedroza no los casara. Acudieron a la presidencia y solicitaron que fuera el alcalde o el síndico quien celebrara la unión.
“No queríamos que un homofóbico como el juez Pedroza celebrara nuestra unión y nos echara a perder el día más importante de nuestras vidas”, dijo Rodolfo.
La pareja piensa adoptar pero van a esperar un tiempo.
En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales los códigos civiles de los estados donde el matrimonio se defina como la unión entre hombre y mujer y cuyo fin sea la procreación.
De acuerdo con la sentencia 43/2015, emitida por la Primera Sala, “Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales”.
Actualmente en México, las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio sólo en nueve de 32 estados, sin recurrir a un juicio de amparo: la Ciudad de México, Coahuila, Nayarit, Michoacán, Morelos, Campeche, Jalisco, Quintana Roo y Chihuahua.
En otros estados, las autoridades civiles ponen trabas para evitar que las parejas homosexuales legalicen su unión, dijo Alehlí Ordónez, abogada y activista por los derechos de la comunidad LGBTI.
Por ejemplo, en Yucatán, una pareja de mujeres lesbianas presentaron un amparo en contra de la dirección del Registro Civil de Mérida por no aceptar su solicitud para contraer matrimonio.
El amparo les fue concedido y la juez Cuarto de Distrito ordenó al Registro Civil que efectuara el matrimonio, pero al término de la ceremonia, la pareja no recibió un acta de matrimonio sino una constancia de “cumplimiento de sentencia”.
“Como si su matrimonio no fuera legal porque no está inscrito en el libro de actas, lo que también es un acto de discriminación e incumplimiento a la orden de un juez. El argumento que dieron es que no existen formatos para la unión”, explicó la abogada.
En Mexicali, el registro civil se negó a recibir la solicitud de matrimonio de una pareja de homosexuales porque una organización local afín al Frente Nacional de la Familia –que el sábado organizó marchas en 124 ciudades del país para protestar en contra de los matrimonios entre parejas del mismo sexo- acusó a los contrayentes de locura.
La pareja pudo legalizar su unión aunque luego de tres intentos, debido a los esfuerzos de la organización, dijo Miguel Corral, psicólogo y activista, que acompañó a la pareja durante el proceso.
Frente a este panorama, el presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa al Congreso de la Unión para modificar el artículo 4° constitucional y el Código Civil Federal para así garantizar que las personas del mismo sexo puedan casarse en el país.
La bancada priista en el congreso dijo que no es un asunto prioritario para el país y sacó el tema de su agenda.
Otros grupos parlamentarios, entre ellos PRD y Morena impulsan el tema para que se discuta en el período ordinario de sesiones, lo que desató una marcha del Frente Nacional por la Familia en 124 ciudades, en las que incluso participaron 11 obispos, para expresar su rechazo a la iniciativa presidencial.
En la Ciudad de México, que fue declarada “gay friendly” en noviembre del año pasado, la Asamblea Legislativa reformó los códigos Civil y de Procedimientos Civiles el 29 de diciembre de 2009, para definir al matrimonio como “la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua”.
Antes, se establecía que el matrimonio era la unión libre entre un hombre y una mujer con la posibilidad de procrear hijos.
El cambio entró en vigor el 4 de marzo de 2010.
Desde entonces, 6 mil 525 parejas del mismo sexo han contraído matrimonio, de acuerdo con información del Registro Civil.
Del total, 3 mil 532 son parejas de hombres y 2 mil 993 están conformadas por mujeres.
En el mismo lapso se registraron 261 trámites de divorcio, de los que 133 fueron de matrimonios entre mujeres.
Francisco y Rodolfo confían en que su matrimonio inspire a las parejas en otros estados a dar la batalla para defender su derecho a formar una familia.
OVM
