Ciudad de México /
En el centro del debate jurídico se encuentra la tensión entre validar o no las restricciones a la libertad de expresión y al derecho a la protesta social en la Ciudad de México. Sin embargo, las consecuencias de orden político son de mayor transcendencia: implican el tipo de sociedad al que aspiramos, con límites al abuso del poder y a la legalidad escindida de legitimidad, particularmente cuando se instrumentaliza el sistema normativo para confrontar las expresiones de disenso, la crítica a la gestión gubernamental y a los actores políticos o posibilitar la réplica de modelos normativos restrictivos a escala nacional si la Corte se pronunciara por su constitucionalidad.
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