De los mil 900 millones de pesos que el Poder Judicial de la Federación (PJF) pretende ahorrar este año, debido a la situación económica por la que atraviesa el país, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano que evitará el mayor gasto porque no ejercerá mil millones de pesos.
TE RECOMENDAMOS: Planea el Poder Judicial ahorros por 1,900 mdp
Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo sobre las medidas de austeridad anunciadas hace una semanas y el manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del PJF para el ejercicio fiscal 2017.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no ejercerá 480 millones de pesos, mientras que la Suprema Corte hará lo mismo con 420 millones de pesos.
“Las medidas que habrán de instrumentarse garantizarán en todo momento condiciones necesarias para una operación eficiente, que asegure el cumplimiento de las funciones del Poder Judicial de la Federación y aquellas obligaciones constitucionales establecidas para satisfacer la demanda ciudadana de acceso a la justicia”, señaló el Alto Tribunal.
La Corte puntualizó que el Poder Judicial es sensible al entorno económico que enfrenta el país y está atento al impacto que generan diversas condiciones nacionales e internacionales, los incrementos en los precios de los combustibles y una serie de factores coyunturales.
“Por ello, la contención en el ejercicio del gasto incluirá las áreas de servicios personales, administración de recursos materiales y servicios generales; administración de inmuebles y obra pública, tecnologías de la información y viáticos y pasajes, entre otras”, apuntó.
TE RECOMENDAMOS: Poder Judicial se suma a plan de austeridad por 'gasolinazo'
Para lograr el ahorro comprometido, la SCJN acordó diferir proyectos de obra pública no prioritarios, racionalizar los gastos de viáticos y pasajes así como la adquisición de bienes, muebles e inmuebles y de gastos de ceremonial y difusión.
En el rubro de servicios personales, el acuerdo dispone que la creación de plazas obedezca a las necesidades institucionales indispensables para la atención de asuntos prioritarios y estratégicos del ámbito jurisdiccional y se sujetará a la autorización de las instancias competentes de cada órgano del Poder Judicial de la Federación.
También se limitarán los contratos de prestación de servicios profesionales y las plazas que permanezcan vacantes por más de seis meses se destinarán a cubrir requerimientos prioritarios o estratégicos.
Con el propósito de lograr condiciones económicas más favorables, procurarán celebrar contratos multianuales de adquisición de bienes y contratación de servicios en rubros como materiales de oficina y administración, mobiliario y equipo administrativo; equipo de cómputo; vehículos, telefonía celular, seguros de gastos médicos mayores; de vehículos, de bienes inmuebles y contenidos y servicios de voz y datos de la red amplia entre otros.
El acuerdo limita al mínimo indispensable la adquisición de nuevos vehículos y preferentemente para sustituir el parque vehicular que haya dejado de ser útil.
En materia de difusión, impresiones y publicaciones oficiales, el Poder Judicial promoverá la celebración de convenios con instituciones públicas para la producción, edición e impresión de obras de carácter jurídico, así como para la difusión del trabajo cotidiano.
Para la difusión de información de carácter público y la publicidad de las actividades institucionales se privilegiará el uso de la Intranet e Internet, racionalizando y optimizando los recursos presupuestales autorizados para las publicaciones en medios impresos.
En el rubro de inmuebles, ejecución de obra pública y servicios relacionados, además de diferir los proyectos no prioritarios, se dispone que las remodelaciones de oficinas serán las mínimas indispensables y, de manera excepcional, las que previo dictamen de procedencia estén vinculadas con situaciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas o las instalaciones.
OVM
