El gobernador del estado, Enrique Alfaro, vetó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y el Código Penal de Jalisco que prohibía que las empresas pidieran carta de no antecedentes penales, por considerarlo un acto discriminatorio.
Te recomendamos
Esta ley fue aprobada por el Congreso el pasado 22 enero. El argumento del gobernador para vetarla fue, que no es proporcional privar a los patrones de conocer el historial penal de los aspirantes a un trabajo, para que puedan elegir libremente a quien contratar ya que los patrones son los responsables de los actos de sus trabajadores.
La Ley fue promovida por la diputada emecista Priscila Franco, quien se dijo sorprendida por la decisión del gobernador porque ya habían llegado a un consenso con el subsecretario de Derechos Humanos y el secretario de Hacienda.
A través de un comunicado, Alfaro explicó que, al no considerarse en sí mismo como un acto discriminatorio laboral, ayer envió al Congreso del Estado una serie de observaciones a la Reforma que prohibió solicitar constancias de no antecedentes penales como requisito para ingresar a un trabajo, siempre y cuando ésta no sea un elemento definitorio para que una persona pueda o no acceder a un empleo.
En el documento turnado al Poder Legislativo, el Gobierno de Jalisco puntualiza que la postura del Ejecutivo “siempre ha sido promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, y en lo que aquí atañe, fortalecer el desarrollo económico del Estado, para lo cual, un pilar fundamental de ello es fomentar la máxima ocupación laboral de la fuerza de trabajo”.
Asimismo, en el documento se expone que las constancias antes referidas son importantes para los ciudadanos en su quehacer cotidiano, ya que muchos de ellos las solicitan no sólo para asuntos laborales, sino también para diversos trámites.
SRN
