El Instituto Nacional Electoral (INE) reclamó que desde que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cambió de titular en noviembre de 2021, con la renuncia de Santiago Nieto y el nombramiento de Pablo Gómez, ha dejado de colaborar con la entrega de información requerida por el organismo para sancionar a actores políticos.
En un informe presentado en sesión del Consejo General del INE de este jueves, la Comisión de Fiscalización, presidida por el consejero Jorge Montaño, detalló que en 2022 la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) realizó 163 solicitudes y a la fecha solo se han atendido 87 por ciento, mientras que en 2023 se efectuaron 54 requerimientos y solo se han atendido seis, es decir, el 10 por ciento.
“Con el último cambio de titular ─16 de noviembre de 2021─ la atención a las solicitudes se ha frenado”, dice el documento.
Por ejemplo, detalla, se encuentran 69 solicitudes sin respuesta, destacando que supera el 78 por ciento las que presentan más de 51 días de atraso.
Otra institución que se ha negado a colaborar a pesar de los convenios firmados es el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual contesta en tiempo y forma solo 35 por ciento de los requerimientos de información que le hace el INE.
El informe también señala a la Secretaría de Economía de atender tardíamente las peticiones del INE.
“El 24 de marzo de 2023, la UTF solicitó a la SE la actualización del universo de sociedades mercantiles inscritas en el SIGER, del 1 de junio de 2021 a marzo de 2023; la información fue recibida hasta el 21 de junio de 2023, es decir 89 días después”, detalla el documento.
Al respecto, la consejera Carla Humphrey, integrante de la Comisión de Fiscalización, reclamó una vez más ─como lo ha hecho en otras sesiones─ “la falta de colaboración institucional de diversas autoridades para proveer de información veraz, oportuna y completa dentro de los plazos establecidos dentro de la propia normatividad, que es de cinco días”.
Además, dijo que las instituciones recurren a “secretos que no son oponibles a esta autoridad, ni el bursátil, ni el ministerial, no el bancario ni el financiero”, lo que consideró que significa “la falta de cumplimiento a sus obligaciones”.
La consejera Humphrey exhortó a “la sensibilización de distintas instancias del Estado mexicano respecto de la importancia de que provean de información respecto a ingresos, egresos y aplicación de los mismos a esta autoridad por los plazos perentorios que tenemos para resolver y también para desahogar distintas quejas y denuncias y procedimientos oficiosos que esta autoridad se encuentra desahogando y que sin duda desahogará en 2024”.
Asimismo, Humphrey solicitó a la Secretaría Ejecutiva del INE analizar las rutas jurídicas que el instituto puede seguir para lograr tener acceso a la información solicitada de manera completa, veraz y oportuna dentro de los plazos establecidos.
“Estamos ante el ejercicio más grande de fiscalización que llevaremos a cabo y no podemos permitir que sean las propias instancias del Estado mexicano las que obstaculicen las labores de fiscalización de este instituto, dejando de proveer, dentro de los plazos establecidos, la información que se le solicita para verificar operaciones, para comprobar que sean reales, para comprobar la existencia de distintas empresas, para comprobar la veracidad de las facturas que se emiten y desahogar los procedimientos en esta materia que llevamos a cabo o que se ordenan por este Consejo General”, advirtió.
MAT
