En una discusión por medio de comunicados con el secretario general de Gobierno, el diputado de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, afirmó que la administración estatal engañó a la ciudadanía por prometer la revocación de mandato a sabiendas de que no lo iba a cumplir.
El secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, envió un comunicado casi a la medianoche del sábado en el que se refería concretamente a dos de los diputados de Movimiento Ciudadano: Samuel García y Concepción Landa.
"El costo político del veto es muy duro para ellos (los legisladores de MC), pues se exhibió su total falta de técnica jurídica y conocimiento de principios constitucionales fundamentales como la separación de poderes, entre otros, en dicha Ley", señala en el comunicado.
El funcionario estatal añadió que La Ley de Participación Ciudadana planteada por los legisladores contiene , al menos, 40 errores técnicos.
"Uno de ellos, quizá uno de los más graves, es que la figura de revocación no está contenida en la Constitución federal ni en la del Estado".
Al respecto, el legislador local y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Samuel García, expresó, en entrevista telefónica, que el entonces candidato Jaime Rodríguez Calderón ya sabía que se requería una reforma constitucional.
“Se les corrió cortesía y es falso que digan que es diferente lo que salió publicado a lo que en su momento se estudió, porque en el tema de revocación de mandato quedó idéntico, el capítulo, en todo caso lo que cambió, es porque el PAN y PRI metieron mano, fue el umbral de 3 a 10 por ciento (de las firmas del padrón electoral), pero todo lo demás lo procedimental queda idéntico.
“Lo que a ellos (el secretario general de Gobierno) les molestó es que cuando reflejamos el decir, que si ellos prometieron revocación de mandato ya sabían que se ocupaba una reforma constitucional o que la figura iba a ser inoperante, fue un tema de bastante engaño a la ciudadanía, porque entonces, por qué prometes algo a sabiendas que no lo vas a cumplir”, cuestionó.
El legislador también envió un comunicado, firmado por él y por la diputada Concepción Landa, en el que señala que el veto del Ejecutivo "no hace más que reflejar la total falta de técnica jurídica y conocimiento de la Secretaría de Gobierno sobre los alcances de la reforma constitucional en materia política que se llevó a cabo recientemente en el país. Esta reforma le permitió llegar como gobernador independiente a Jaime Rodríguez".
Además, señalan los diputados, con la reciente reforma política que eleva la participación ciudadana y las candidaturas independientes se le da relevancia al principio de soberanía popular y con ello se hacen vinculatorias las consultas populares.
"Y es evidente que la revocación de mandato es un tipo de consulta de democracia directa y participativa, cuyo único fin es permitir que la ciudadanía tenga un vínculo directo con sus representantes, y que servirá también como un mecanismo para la ratificación de su labor, buscando siempre una mejora continua de la administración pública".
Dijeron que si Jaime Rodríguez, cuando era candidato, partía de la premisa que se necesitaba reforma constitucional para ejecutar la revocación de mandato ¿Por qué firmó que se iba a someter a ella?, si cuando se comprometió, tampoco estaba en la Constitución.
Los legisladores de Movimiento Ciudadano añadieron que es falso que en el veto presentado el 15 de enero tenga “40 observaciones”, o errores técnicos.
"De la lectura completa y de dicho instrumento de veto, se aprecia claramente que sólo consta de siete observaciones, de las cuales la mayoría versan sobre cuestiones meramente interpretativas. Más bien parecería una respuesta exagerada a los 49 errores que le imputó el Congreso la semana pasada sobre sus primeros 100 días y donde nosotros como bancada votamos en contra".
Tan es así, indicaron, que 24 de las 28 hojas hablan de la supuesta inconstitucionaldiad de la revocación de mandato, que además contiene “copy-paste” de varias jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos de Chihuahua, Veracruz y Yucatán, las cuales, puntualizaron, no aplican, pues son anteriores a la reforma política constitucional que crea las consultas populares vinculativas.
