La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 60/2017 al gobierno de Coahuila y a instituciones públicas por no tomar medidas para garantizar los derechos al trabajo, a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado de las personas jornaleras agrícolas.
El organismo detectó que las autoridades omitieron inspeccionar y adoptar medidas legislativas, administrativas, económicas, educacionales y sociales en los lugares donde laboran niños jornaleros agrícolas.
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El organismo detectó que el gobierno de Coahuila, así como instituciones públicas, omitieron inspeccionar y adoptar medidas legislativas, administrativas, económicas, educacionales y sociales en los lugares donde laboran niños jornaleros agrícolas, lo que ocasionó la violación de los derechos humanos al trabajo, a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado y al interés superior de la niñez
La CNDH advirtió que falta coordinación interinstitucional para implementar acciones puntuales ara atender la problemática de las personas jornaleras agrícolas, residentes o migrantes, además de omitir realizar un diagnóstico para canalizar los programas sociales de manera estratégica.
Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo de la entidad identificó a una persona de 12 años de edad que laboraba como jornalero agrícola, a quien se retiró de sus labores y se le garantizó la liquidación respectiva, lo que confirma que la autoridad omitió adoptar acciones para prevenir el trabajo infantil en condiciones contrarias a la ley.
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El organismo solicitaó al gobierno de Coahuila la integración de un padrón de empresas y patrones agrícolas en la entidad; conformar un grupo de trabajo interdisciplinario que incorpore autoridades federales competentes para elaborar un diagnóstico de la situación socioeconómica y laboral de las personas jornaleras agrícolas para iniciar un programa emergente de trabajo.
Además de instruir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado para que incremente las inspecciones anuales, fortaleciendo la vinculación con autoridades federales e iniciando los procedimientos administrativos respecto de los patrones o empresas agrícolas que incumplan con sus obligaciones laborales.
La CNDH requirió a la Sedesol que celebre convenios en beneficio de la población jornalera agrícola en la entidad, o actualizar los existentes y supervisar el otorgamiento de apoyos para la los albergues.
Al director general del IMSS le pidió participar para elaborar un padrón de empresas y patrones agrícolas, establecer un programa anual de visitas e iniciar los procedimientos administrativos por incumplimiento de la normatividad en materia de seguridad social.
OVM
