Aunque el abogado Alejandro Gómez Sánchez dejó el cargo como fiscal general de justicia en el Estado de México, deberá comprobar las acciones que llevó a cabo para ejercer la autonomía financiera que la ley le confirió desde 2016 y las observaciones que tiene pendientes durante su gestión pública.
De entrada las tiene por 3 mil 137 millones de pesos del ejercicio fiscal 2020, pero también deberá responder a lo que se derive de las auditorías de 2021 y los primeros 45 días de 2022, pues su salida no lo exime de posibles responsabilidades administrativas, y, o penales, de acuerdo a la ley.
El presidente de la comisión de Procuración y Administración Pública, Gerardo Ulloa Pérez, indicó que el nuevo o nueva Fiscal de Justicia deberá comprometerse a hacer todas las gestiones para garantizar su autonomía financiera y este órgano ni esté sujeto a coyunturas políticas ni caprichos del Ejecutivo o incluso del Legislativo.
Recordó que en diciembre de 2018 presentó al pleno un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo a respetar la Constitución y la Ley de la Fiscalía, dejando en sus manos el control económico, sin que a la fecha se haya atendido el exhorto, aprobado por unanimidad por el Congreso.
“Quien se encargue de la Fiscalía nos tiene que decir qué va a hacer para hacer cumplir la ley, porque la autonomía de una institución de esta magnitud no puede ser a medias, ni estar sujeta a caprichos o coyunturas”.
PT pide transparencia con nuevo fiscal
La dirigencia del Partido del Trabajo (PT) en el Estado de México hizo un llamado a los distintos poderes a evitar meter las manos en el nombramiento del que será el nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM). El dirigente Norberto Morales Poblete aseveró que es necesario que los diputados locales que participen en el proceso tomen las riendas del asunto con total transparencia.
Con información de Mario C. Rodríguez.
KVS
