La fianza de 7 millones de pesos impuesta a tres jornaleros de San Quintín detenidos el sábado pasado, tiene como objetivo intimidar a todo aquel que se organice para defender sus derechos, consideraron integrantes del PRD en la Cámara de Diputados.
Por esa razón demandaron la libertad de los trabajadores detenidos sin ninguna condicionante. "El gobierno debe abrir las mesas de diálogo y construir los acuerdos necesarios para atender sus peticiones, porque la obligación de la autoridad es proteger los derechos de los trabajadores".
A nombre de su grupo parlamentario, el coordinador perredista Miguel Alonso Raya, señaló que las demandas de mejora laboral de los jornaleros han tenido como respuesta de la autoridad local y federal la represión, el encarcelamiento y la intimidación.
"Eso no puede ser, eso es un absurdo, un insulto a la inteligencia y una violación flagrante y manipulación de la ley", enfatizó.
Alonso Raya dijo que la fianza "tiene como objetivo criminalizar y tratar de frenar con miedo la protesta e inconformidad de los jornaleros en demanda de un mejor salario y seguridad social".
