Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá emitir un acuerdo en el que ordene a un juez federal la reanudación del proceso penal contra José Manuel Ballesteros López, ex delegado de Venustiano Carranza, quien en estos momentos no goza de fuero que lo proteja.
El 7 de noviembre de 2017, la Corte resolvió separar de su cargo y consignar ante el juez federal, a quien entonces ocupaba el cargo de titular de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, Israel Moreno Rivera; además de consignar al anterior titular de la misma demarcación, José Manuel Ballesteros López, a fin de que fueran juzgados y sancionados por incumplir una sentencia de amparo.
Sin embargo, la Procuraduría General de la República solicitó la suspensión del procedimiento contra Ballesteros, ahora ex diputado perredista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, bajo el argumento de que el indiciado gozaba de fuero por tener el carácter de diputado local.
En sesión, el Pleno de la Corte determinó que en este caso, en virtud de la facultad excepcional que el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal confiere a la SCJN para consignar directamente ante un Juez de Distrito a quien incumpla una sentencia de amparo, el Ministerio Público es solo un auxiliar del Alto Tribunal en el proceso penal, por lo que carece de facultades para solicitar la suspensión de dicho proceso.
A consecuencia de lo anterior y de que a la fecha la persona consignada carece de fuero alguno por haber concluido su encargo como diputado, la SCJN determinó que el ministro presidente Luis María Aguilar deberá emitir un acuerdo en el que ordene al juez de Distrito la reanudación del proceso penal.
Ballesteros deberá ser presentado ante el juez Administrador del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.
Tanto Ballesteros López como Moreno Riverano acataron una sentencia de amparo dictada el 29 de septiembre de 2014 por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, que a su vez ordenó el cumplimiento del laudo emitido por la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el 23 de enero de 2013, que ordenó expedir a cuatro quejosos los nombramientos de verificadores, pagar diferencias de salarios y aguinaldos, así como otorgarles los elementos necesarios para el desempeño de su trabajo.
jbh
