La reforma energética aprobada en el Senado de la República abre la posibilidad para que el Estado implemente diversas modalidades de contratación con particulares, que podrán ser: de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia.
Para Miriam Grunstein, especialista en temas energéticos y catedrática del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el esquema de licencias es lo mismo que las concesiones, sólo con otro nombre, explica Miriam Grunstein, especialista en temas energéticos y catedrática del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE),
“En principio las licencias y la concesiones son lo mismo, la definición más elemental es que en las licencias, los transitorios dicen que van a recibir el crudo a cambio de regalías”, dijo Grunstein.
La especialista explicó que para aplicar este esquema, primero, se debe calcular el volumen de producción del yacimiento y los ingresos que se obtendrán por la comercialización de ese petróleo.
Pemex estará obligado, con este esquema, a entregar al particular un porcentaje, previamente acordado, de dichos ingresos.
La académica señala que la diferencia entre las concesiones y los contratos petroleros, radica en que en la primera, las empresas son dueñas de la infraestructura con que se opera, mientras que en la segunda esto pertenece al Estado; en ambos casos la empresa asume todos los riesgos.
Los contratos y las licencias serán otorgados para exploración y producción; la reforma no limita a cuánto tiempo se pueden extender estas modalidades entre la empresa y el Estado.
Concesiones y licencias
Las empresas pueden obtener la concesión directa o por licitación pública internacional. Cada empresa ocupará bloque que se le asigne, es dueño de su infraestructura y asume todo el riesgo, según lo acordado en el contrato.
Los artículos transitorios indican que las ganancias que obtiene la empresa, a través de este esquema, son de carácter económico, después de que Pemex comercializa el crudo.
Contratos de producción o utilidad compartida
El operario tiene un contrato celebrado con el Estado -no con Pemex-; mientras dura el contrato el operario es dueño de la infraestructura, cuando termina ésta pasa a manos del Estado.
